VISIÓN ECONÓMICA / Legalismo y realidades
| Autor | Salvador Kalifa |
Una falla institucional importante en nuestro País es que los políticos y la sociedad, en general, consideran que todos los problemas se resuelven por obra y gracia de disposiciones legales. Tenemos un culto muy arraigado que le confiere virtudes casi mágicas a la letra escrita en las leyes y creemos que, por ese solo hecho, la realidad se ajustará a lo que dicta la ley.
Con esta visión, cuando el Congreso Constituyente de Querétaro formuló a principios del siglo pasado el marco constitucional postrevolucionario, incluyó una serie de disposiciones que, un siglo después, han pasado a ser letra muerta o, todavía peor, un obstáculo para el progreso económico y social de la población. Sin embargo, en lugar de corregir esas fallas de la Constitución, ésta se ha recargado desde su promulgación con reformas, adiciones y modificaciones que la han hecho inoperante en la realidad.
Por comparación, la Constitución de los Estados Unidos de América está vigente desde 1789, cuenta con 24 artículos y hasta ahora se le han hecho apenas 24 enmiendas. En cambio, la nuestra que data de 1917, tiene 136 artículos (sin contar más de 200 transitorios) y, por ejemplo, solo su artículo 3, referido a la educación, registró entre 1934 y 2016, un total de 10 reformas. Su redacción original era de 71 palabras y el texto actual contiene 1,511 palabras. Es evidente, sin embargo, que esta proliferación retórica y el enorme gasto público respectivo no han mejorado la calidad educativa en nuestro País.
La reforma de 2013 instituyó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como parte de la llamada reforma educativa formulada e instrumentada por la administración anterior, pero objetada por la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que acordó su abrogación con el nuevo Presidente cuando estaba en campaña.
Se avecina, entonces, un nuevo parche al artículo tercero constitucional, y es probable que con la abrogación referida terminen las protestas de los maestros disidentes, pero seguirán sin corregirse las deficiencias de nuestro sistema educativo.
La educación no es el único asunto en que el nuevo Gobierno pretende que la realidad cambie solo por emitir una ley. Mediante un decreto, el Congreso de la Unión promulgó el 5 de noviembre pasado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP). Como lo señala el decreto, la Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales y hace una adición al Código Penal Federal.
Sin...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba