Trabajan en familia funcionarios regios

AutorDaniel Reyes

Cuatro cargos clave de la administración municipal de Monterrey son encabezados por funcionarios unidos por lazos familiares.

El "árbol genealógico" de la gestión regia inicia con Miguel Kalifa Manzur, titular de la Secretaría de Administración, dependencia encargada de las adquisiciones municipales y del manejo y prestación de servicios al personal activo, jubilados y pensionados.

Los otros tres servidores públicos tienen una estrecha relación con Kalifa: son sus cuñados.

Los funcionarios vinculados familiarmente concentran la tarea de administrar la burocacia municipal, el área de Alcoholes, así como de Parquímetros.

Aunque en el organigrama municipal ninguno de los cuñados de Kalifa depende de él, los tres fueron contratados por la Dirección de Recursos Humanos, dependencia que sí está a su cargo.

Francisco Martínez Cárdenas, hijo del ex Gobernador Alfonso Martínez Domínguez y quien desde 1984 es esposo de María de Lourdes Kalifa Manzur -hermana del Secretario de Administración-, fue designado como titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, cuyo principal trabajo es el control de los negocios de alcohol.

En esa misma dependencia trabaja como coordinador administrativo José Rafael Quirós Sada, quien a su vez está casado desde junio del 2003 con Sonia Kalifa Manzur, otra hermana del Secretario de Administración.

Además de ser cuñado de Kalifa, Quirós trabaja bajo las órdenes de quien es su concuño, el director de Inspección y Vigilancia.

La presencia de la familia se extiende a la Tesorería municipal, en donde José Antonio Romero Chebán dirige la Subdirección de Parquímetros.

Este funcionario es esposo desde 1991 de Rosa Laila Kalifa Manzur, una tercera hermana de Miguel Kalifa.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos sanciona la contratación de cónyuges y parientes por consanguineidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado.

Según la fracción XVII del Artículo 50 de la legislación, todo funcionario debe abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios.

La propia ley establece multas de 50 a 300 cuotas de salario mínimo, sanciones de hasta dos tantos del beneficio obtenido, suspensiones de 2 a 3 meses y destituciones e inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos de 6 meses a 20 años para quienes incumplan la disposición.

El...

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