Tiempo de Negocios / Puerta abierta para ajustar Cofeco
| Autor | Darío Celis Estrada |
La decisión del Gobierno foxista de impulsar un profundo cambio en el accionar de la Comisión Federal de Competencia se sustenta en diversos análisis que ha elaborado Presidencia sobre la efectividad de la ley.
Las huestes de Eduardo Sojo, jefe de la Oficina de Políticas Públicas, han identificado una excesiva carga regulatoria que inhibe la funcionalidad de la legislación de Competencia Económica, hoy sujeta a cambio.
Por ejemplo, el 71 por ciento de las prácticas monopólicas investigadas por esa instancia federal, aún a cargo de Fernando Sánchez Ugarte, se han declarado sin efectos en el proceso de competencia.
Asimismo, se encontró que los procedimientos de evaluación de concentraciones que ha efectuado la comisión exceden de 2 mil, de los cuales únicamente se han objetado alrededor del 1 por ciento.
La oficina de Sojo reconoce que la comisión destina importantes recursos y tiempos laborales en la atención de cuestiones regulatorias derivadas de otras normatividades sectoriales.
"Sólo en el 2 por ciento de los casos se efectuó una observación. La litigiosidad que genera la aplicación de la ley en vigor y sus procedimientos mantienen una relación de 1.2 amparos por resolución".
El análisis jurídico que se hizo de la ley de competencia indica que el número de amparos excede de 700 y el 45 por ciento de ellos son en contra de actos intraprocesales y el 55 por ciento entran al fondo del asunto.
La complejidad jurídico-económica de la normatividad vigente provoca una abrumadora e innecesaria carga en el poder judicial. El 73 por ciento de los amparos están pendientes de resolución.
El problema de esos casos "sub-judice" es que el término promedio por resolución es de 401 días. Como resultado de su elevada litigiosidad, las multas en su mayoría no pueden ser cobradas.
Menos de la mitad de las multas pagadas corresponden a infracciones al proceso de competencia, mientras que el 55 por ciento proviene de notificaciones extemporáneas de concentraciones.
La precaria cobranza de las multas impuestas demuestra la ineficacia de la Comisión Federal de Competencia, como órgano sancionador. Todo lo anterior justifica la intervención de Presidencia vía Sojo.
Esa oficina finaliza su diagnóstico con una lapidaria conclusión: "monopolios significativos, duraderos y trascendentes en la actividad económica disueltos en 10 años por la comisión: cero".
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