Sergio Sarmiento / Primero castigar

AutorSergio Sarmiento

"La prisión preventiva viola

la presunción de inocencia".

Pedro Salazar

Un principio jurídico fundamental en los países con Estado de derecho es que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Primero se juzga y sólo si se determina una responsabilidad se sanciona. En los países autoritarios, en cambio, primero se castiga y después se juzga. México está en este último grupo.

La muy parchada Constitución mexicana incorpora todavía la presunción de inocencia en su Artículo 20, el cual establece que todo imputado tendrá derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".

Al mismo tiempo, tenemos una lista de delitos llamados "graves" en los que se aplica "prisión preventiva oficiosa", que no es otra cosa que castigar antes de juzgar. Lo peor es que el Gobierno y el Legislativo están ampliando el catálogo de estos delitos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su Artículo 11: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

La actual versión de la Constitución mexicana, sin embargo, elimina la presunción de inocencia en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

El Presidente está buscando incluir entre estos "delitos graves" la corrupción, las faltas electorales, el abuso sexual a menores y el robo de combustibles.

Ayer, en uno de esos desplantes de una lógica peculiar, un non sequitur dirían los lógicos, preguntó cómo era posible respetar al INAI cuando la institución se creó en los tiempos del neoliberalismo en que se eliminó la clasificación de corrupción como delito grave.

La verdad es que la ampliación de los llamados delitos graves es muy preocupante. El Presidente está aprovechando el enojo de la sociedad ante la impunidad, pero castigar antes que juzgar no ayuda a disminuir la impunidad.

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