Sergio Sarmiento / Juicio a Dilma

AutorSergio Sarmiento

"No renunciaré bajo ninguna circunstancia. No he cometido ningún crimen que amerite acortar mi mandato".

Dilma Rousseff

Los juicios políticos son más políticos que juicios. Los legisladores no son jueces y no se interesan por determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Votan por los intereses de sus partidos.

Esto lo vimos el domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados de Brasil. Los diputados ni siquiera se preocuparon por las acusaciones contra la presidenta Dilma Rousseff.

El resultado quedó sellado días antes, en el momento en que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que nunca ha ganado una elección presidencial con su propio candidato, retiró su apoyo a la mandataria.

Los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff aplicaron políticas populistas que, ayudadas por los altos precios de las materias primas, generaron un crecimiento económico artificial. El colapso económico que hoy sufre Brasil era inevitable.

Las expectativas generadas por Lula y Dilma, que afirmaban que la expansión era producto de sus políticas económicas, y la decepción ante la crisis han llevado a un desplome de la popularidad de Dilma, hoy debajo del 8 por ciento.

Pero una cosa es cuestionar las políticas económicas fallidas de un Gobierno y otra muy distinta derrocar a la Presidenta. Tiene razón Dilma cuando afirma que el juicio político es un simple golpe de Estado.

La Constitución brasileña establece un procedimiento de juicio político, o impeachment, al Presidente similar al de otros países del mundo. El artículo 85, en particular, señala que el mandatario podrá ser juzgado por "delitos de responsabilidad" definidos como "actos... que atenten contra la Constitución federal". La redacción es suficientemente vaga como para que cualquiera pueda ser enjuiciado por cualquier razón. Lo único que se necesita es el voto suficiente de diputados y senadores.

A Dilma no se le ha acusado de ningún delito de corrupción. El gran escándalo de Petrobras no la ha tocado a ella y en cambio sí a algunos de los legisladores que están promoviendo su destitución.

Se responsabiliza a la Presidenta de haber manipulado la contabilidad oficial con el fin de aparentar que el déficit de presupuesto era menor al real. ¿Es un delito? Quizá sí. ¿Suficientemente grave como para...

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