Sergio Elías Gutiérrez / Derecho ausente
| Autor | Sergio Elías Gutiérrez |
Aún quedan restos de la tormenta -de papel- que se desató con el memorándum del Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigido a tres de sus colaboradores: Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Carlos Urzúa, respectivos Secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda.
Los diccionarios le llaman "memorando" y lo definen como un escrito breve para ser recordado por los miembros de una organización que comunica alguna instrucción o recomendación.
Por lo general, se trata de un documento interno y no de un decreto o disposición obligatoria fuera del ámbito en que se expide.
Veamos los aspectos jurídicos del memo dejando de lado, en lo posible, los puntos políticos, no obstante que, como reconoció AMLO, "no se trata de un asunto jurídico, sino político".
La primera cuestión es por qué recurrió el Presidente a esta figura dado que su alcance jurídico es muy discutible y limitado.
Sin embargo, aclaró que el memo obedece a la falta de un acuerdo entre "el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa".
Esto es reconocer que la oposición de la CNTE fue más fuerte que el consenso logrado en la Cámara de Diputados para modificar la reforma educativa del sexenio pasado, que es lo que se buscaba.
Las leyes, por lo general, no se hacen para dar gusto a los que se dirigen. Menos si, como en este caso, los opositores son contrarios a la mejora en la educación de los mexicanos.
Ellos, la CNTE, exigen que les regresen el manejo de la nómina y las plazas. Eso no tiene nada que ver con la calidad educativa.
Con el memo, el Ejecutivo dio lineamientos y directivas. Entre otras, que mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las instancias del Poder Ejecutivo "dejarán sin efecto" todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa.
No toma en cuenta la no retroactividad de las leyes y de las muchas medidas adoptadas. Esto significaría la derogación de las leyes vigentes. Así, no se trata de un mero asunto político: tiene alcance jurídico. Difícil de cumplir, por cierto.
Otras directivas son que la SEP administre todas las plazas de maestros, que Hacienda maneje la nómina, que Gobernación busque cómo liberar a los maestros privados de la libertad por ser...
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