Sergio Elías Gutiérrez / Alcaldes carrancistas
| Autor | Sergio Elías Gutiérrez |
Las reformas legales, sobre todo las constitucionales, con frecuencia cobran vida mucho después de realizadas. Así sucedió con los municipios en México y los impuestos que imponen a la ciudadanía.
A finales del sexenio de Echeverría (1970-1976), en plena campaña por la sucesión presidencial, se le ocurrió a don Luis reformar la Constitución en temas relacionados con los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.
El censo de población había arrojado en 1970 que por primera vez la población urbana rebasaba a la rural. Ese cambio no ha dejado de darse: ahora las zonas metropolitanas albergan aproximadamente a un 80 por ciento de la población.
En 1915, Venustiano Carranza decidió por sus barbas reformar la Constitución para incorporar al municipio que calificó de "libre". Con ello pretendía ganar para la causa revolucionaria el apoyo de los Alcaldes sometidos por los "jefes políticos" del Porfiriato.
Fue hasta 1982 que se realizó una reforma constitucional para dotar a los municipios de nuevas funciones y reglas para ejercer las tareas propias de ese nivel de gobierno.
Al mismo tiempo, se amplió la representación política, lo cual provocó una explosión en los cargos de elección y en la burocracia.
El crecimiento de las nóminas fue exponencial. El personal político se multiplicó hasta sumar centenas los regidores y síndicos.
Nada más en el área metropolitana de Monterrey, hay más de 200 "representantes populares" cuya participación administrativa o política no es muy visible -por no decir que invisible- en cuanto a utilidad práctica.
Los Alcaldes y sus Ayuntamientos actúan con carácter partidista y no para servir a la comunidad. Se politizan en exceso lo que deben ser tareas simples de racionalidad administrativa y de servicio.
La gestión no es una cuestión de ideología o partidismo. Sin embargo, una gran parte de sus presupuestos se destinan a quehaceres políticos y no a servicios públicos, porque los partidos dominan la vida municipal.
Resulta difícil que la población acepte un incremento en los impuestos mientras prevalezcan el desorden administrativo y político en los municipios, y en tanto no haya transparencia y racionalidad en la gestión de los asuntos de una comunidad que comparte suelo y destino comunes.
Antes que elevar las cargas a la población, debe discutirse la necesidad, o al menos la pertinencia, de tener cientos de regidores que no debaten ni conocen nada de los asuntos de la comunidad y que no defienden sus intereses ni sus...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba