Sergio Aguayo Quezada / ¿Conspiración?

AutorSergio Aguayo Quezada

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no satisface las expectativas creadas. Puede deberse a que el Procurador General de la República tiene serios conflictos de interés: mantiene de asesor al hijo del abogado que defiende a un ex director de la Federal de Seguridad, y tengo copia de documentos que confirman que en su juventud trabajó cerca de quienes ahora busca consignar.

Cuando era candidato, Vicente Fox prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las violaciones a los derechos humanos cometidas por el viejo régimen. Pronto olvidó la promesa de campaña. La sustituyó por la Fiscalía ubicada en el organigrama de la Procuraduría General de la República. La dependencia nació en medio de la desconfianza de las víctimas, la hostilidad de los presuntos verdugos y el escepticismo de los medios.

Debe reconocérsele que se sobrepuso a las dificultades e integró una investigación con la cual solicitó la consignación de dos ex directores de la Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Los acusó de desaparecer a Jesús Piedra Ibarra. Se encontró con Guillermo Vázquez Martínez, un juez de Distrito, que mostró una rapidez extravagante para el Poder Judicial. En 24 horas revisó un sólido expediente de dos mil páginas y desechó la petición aduciendo que faltaban algunos documentos originales y que el delito, en caso de haberse cometido, ya había prescrito.

Los problemas para la Fiscalía se complicaron porque, simultáneamente, se filtraron a la prensa serios cuestionamientos sobre un funcionario clave. El director de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía, Américo Meléndez Reyna, fue acusado en una carta que dirigieron dos Ministerios de la Fiscalía al Procurador de "modificar las declaraciones de algunos testigos", de comprar testigos y de otras irregularidades (EL NORTE, 24 de abril del 2003).

También fue acusado de ser juez y parte y el Licenciado Meléndez tuvo que reconocer en entrevista con Gustavo Castillo García (La Jornada, 27 de abril del 2003), que cuando era un joven agente del Ministerio Público de la PGR tomó declaración a guerrilleros del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) detenidos por el gobierno.

En entrevista telefónica, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto defiende a Américo Meléndez. Dice que lo contrató por su experiencia en la técnica de las averiguaciones. Su confianza le viene de que le preguntó "bajo su palabra de honor si había incurrido en delitos como...

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