Rogelio Ríos/ La contraloría ciudadana
| Autor | Rogelio Ríos |
A muchos ciudadanos de buena fe les inquieta sobremanera que todo lo relacionado con el gasto y la aplicación de los recursos públicos parece debatirse únicamente desde la óptica del conflicto entre -y al interior- los partidos políticos, dando como resultado que la ciudadanía perciba que se pierde la objetividad marcada por la ley.
No se trata de las personas, sino de la forma en que la ley señala las atribuciones de las contralorías y el frágil equilibrio de poderes que favorece al Ejecutivo, aun cuando las contralorías las han encabezado personalidades de prestigio intachable. Pero desde afuera, pesa la simple sospecha que el ciudadano tiene sobre los intereses políticos en juego.
¿Cómo alejar esa sombra de sospecha? Una propuesta muy interesante me la ha planteado Fernando Garza Martínez, presidente de la Delegación Nuevo León de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC): la de "ciudadanizar" la contraloría, es decir, convertirla en una entidad pública autónoma conformada y administrada por ciudadanos a título individual, cuya vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos se apegue estrictamente a la ley, sin influencia de intereses de otro tipo.
Me parece que tal idea va acorde con el espíritu de los tiempos (otorgar a los ciudadanos mayor peso en la vida pública), y sentaría un precedente nuevoleonés muy atractivo para el resto del país. Claro, tiene sus pros y sus contras.
En la conversación con Garza Martínez percibí que, como en el caso del IFE y la ciudadanización de las elecciones, el objetivo es alejar la función de la contraloría de la discrecionalidad de los funcionarios.
En el caso de los constructores a nivel nacional, por ejemplo, más de la mitad de la labor de la contraloría federal se enfoca a la revisión de la obra pública. Imagine usted, estimado lector, lo que significa para las más de 600 empresas constructoras en Nuevo León y 10 mil a nivel nacional afiliadas a la CMIC vivir con el alma en un hilo para saber si les tocará un funcionario más o menos eficiente y capaz que atienda al sector.
Es el mismo dilema, circunstancias aparte, que enfrentaba el ciudadano antes de la creación del IFE: el gobierno organizaba y calificaba las elecciones y los ciudadanos dependían de la buena o mala voluntad democrática de los funcionarios públicos para respetar el voto. Ya no está el horno para esos bollos, mucho menos en un sector como el de la construcción.
En los ámbitos estatal y municipal...
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