Responde Miguel a Milarca: cultura sí, pero con legalidad
| Autor | Miguel B. Treviño de Hoyos |
Estimada Milarca:
Leí con mucha atención la carta que me dirigiste y agradezco la oportunidad de que podamos tener un diálogo abierto, público y educado sobre las decisiones que tomó el Ayuntamiento de San Pedro respecto a los proyectos de los museos.
Mi respuesta parte de dos puntos en los que estamos de acuerdo. El primero es que nadie puede estar en contra de promover la cultura en nuestra ciudad; y el segundo, que las colecciones propiedad de tu familia para esos museos son de incuestionable valor artístico, histórico y cultural.
Digo esto porque las revocaciones ordenadas por el Ayuntamiento de San Pedro no menosprecian de ninguna forma la oportunidad de que los ciudadanos, sampetrinos, regiomontanos, mexicanos y extranjeros, vivan la experiencia de gozar de esas piezas. Pero, el problema no está ahí.
El problema está en todas las decisiones que la administración anterior de San Pedro fue tomando, que son la causa única que hace que los proyectos de los museos hayan terminado siendo inviables en la forma en que se aprobaron. Las razones las hemos detallado con amplitud en las últimas semanas, y están en línea a disposición de los interesados, pero quiero aprovechar la oportunidad de señalar las que considero más importantes.
La primera razón tiene que ver con el conflicto de intereses. Resulta evidente que el exalcalde Mauricio Fernández era en esto juez y parte: por un lado siendo el ciudadano que pedía la construcción de los museos, y por otro presidía la autoridad que decidía sobre ello. En el proceso se cometieron una serie de fallas jurídicas que hicieron inviable su continuación en esos términos. Recordemos que en este caso no solamente se involucran bienes de propiedad privada, sino recursos de la hacienda pública municipal.
Una segunda razón tiene que ver con la desigualdad del acuerdo. Mientras que los dueños de las colecciones sólo prestaban su acervo por tiempo limitado -reservándose incluso el derecho de cambiar o sustituir las piezas a su discreción- el Municipio debía aportar los terrenos, correr con todos los gastos de construcción, mantenimiento, seguros, salarios del personal; y hasta con los gastos de traslado si ellos decidían retirar alguna pieza.
Además, los contratos de comodato incluyeron una serie de cláusulas que obligarían al Municipio a pagar sumas que hemos calculado en más de 700 millones de pesos en caso de que se decidiera suspender o cancelar los proyectos; mientras que los dueños del acervo podían...
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