Reina opacidad en los puertos

AutorCarole Simonnet

MÉXICO.- Además de la preocupación por la corrupción y el contrabando de mercancías y drogas, los puertos en México funcionan discrecionalmente y en total opacidad.

Integrantes de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados señalaron la urgencia de transparentar con informes públicos los ingresos y manejo de recursos de las Administraciones Portuarias Integrales (API).

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda entregado a la Comisión de Marina, la operación portuaria en 2009 fue por más de un billón 824 mil millones de pesos. Esto es, el volumen global de lo comerciado en los puertos.

Pese a que manejan un tráfico comercial tan grande, sólo hay información general de sus ingresos y gastos.

Desde el pasado 26 de mayo de 2010, y por acuerdo de la Comisión de Marina, se solicitó a Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) información sobre la situación financieras, su régimen jurídico y las concesiones de las API´s.

Sin embargo, la SCT y la ASF respondieron de manera general, sin entregar cuentas claras.

"Se requiere modificar la ley de puertos para establecer principios de rendición de cuentas y de transparencia que no existen con claridad.

"Es decir, lo que el sistema portuario y las API necesitan es una normatividad clara en la que no se estorbe la vida económica, pero que las cuentas se rindan para que no se vuelvan territorios de ventajas, o de monopolios, o de concesiones que dañen al País", advirtió el presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Gertz Manero.

El Diputado panista, Carlos Martínez se mostró a favor de citar a comparecer a los funcionarios de la SCT.

Las Administraciones Portuarias Integrales son sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria que operan bajo concesiones otorgadas por la SCT. Actualmente operan 16 federales, seis estatales, cinco municipales, dos manejadas por Fonatur y una privada.

Las API no han estado exentas de investigaciones ministeriales relacionadas con el tráfico de mercancías y contrabando de drogas.

La PGR y la Marina ha detectado cargamentos de drogas en los puertos de Manzanillo, en Colima; Altamira, en Tamaulipas; el de Mazatlán, en Sinaloa, y el de Veracruz, entre otros.

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