Publicidad: Exceso y discrecionalidad

AutorAndro Aguilar

MÉXICO.- Enrique Peña Nieto incumplió el compromiso de crear un órgano ciudadano que supervise la contratación de publicidad oficial y, en dos años y medio, su administración ha usado discrecionalmente más de 13 mil millones de pesos en propaganda y comunicación social.

Como candidato y como Presidente electo, Peña Nieto respondió a las críticas del movimiento #YoSoy132 con la promesa de una nueva ley de transparencia, un sistema anticorrupción y la regulación de la publicidad oficial.

El 21 de mayo de 2012, 10 días después de su "viernes negro" en la Universidad Iberoamericana -donde fue repudiado por estudiantes-, el candidato priista dio a conocer un "decálogo" en el que prometía una nueva relación con los medios:

"Como Presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano za la información".

Ya como Presidente electo, el 16 de julio, Peña Nieto publicó en El Norte un artículo titulado El comienzo del cambio, en el que reiteraba su compromiso: "impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno".

Tres años después, existe la nueva Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción prometidos como respuesta al movimiento antiPeña impulsado por los jóvenes. Pero nada se ha movido respecto a cómo se asignan los recursos públicos para la publicidad oficial en México.

Partidas multimillonarias, que promediaron 19 millones de pesos por día en 2013 (único año en el que existe una cifra definitiva sobre el gasto ejercido en este rubro), se reparten sin transparencia ni criterios de utilidad pública.

Ese gasto, según especialistas en comunicación y derecho a la información, es usado como premio y castigo por el gobierno; una herramienta para influir en líneas editoriales y construir una imagen positiva de un Presidente al que, desde su campaña, se le acusaba de ser el candidato de las televisoras.

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Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, advierte que con Peña Nieto han continuado los patrones establecidos desde los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón: discrecionalidad y exceso en el gasto en...

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