Plaza Pública / El sombrero ajeno

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Promulgar y ordenar la publicación de una ley es acto que por su propia naturaleza realiza el Ejecutivo en la soledad de su despacho. Legislación reciente y de relevancia como la que da acceso a las mujeres a una vida sin violencia, o la reforma que agrava y precisa sanciones contra la explotación sexual infantil aparecieron en el Diario Oficial tras una discreta operación de esa índole y en ese escenario. El propio jueves 12 el presidente Felipe Calderón ejerció esa facultad, que es de su resorte, respecto de la ley para la reforma del Estado en la misma circunstancia, sin ruido. En cambio, organizó una aparatosa ceremonia para firmar el decreto que dispone la publicación de reformas practicadas por el Congreso a los códigos federales penal y civil, y se las arregló para aparecer como el autor de la despenalización de la difamación y la calumnia.

Obviamente no es así. Ni siquiera se aproximó al tema cuando era diputado federal, no obstante que el Grupo Reforma trajo ese tema a la escena pública al comienzo de 2003, cuando Calderón ocupaba todavía una curul. Ese consorcio de medios alentó primero el conocimiento sobre el tema preparando un dossier bajo el título El periodismo no es un crimen, con seis documentos (legislación internacional y reflexiones doctrinales) reunidos por el abogado Eugenio Herrera, que giran en torno de un pensamiento esencial: "la amenaza de sanción de cárcel es incompatible con la libertad de expresión".

En esa perspectiva, junto con la Relatoría Especial de la OEA sobre libertad de expresión y la Universidad Nacional, Reforma organizó el 28 y 29 de enero de aquel año un foro en que se preguntaba si la responsabilidad de la prensa debía ser penal y civil y concluyó proponiendo la supresión de los delitos de difamación y calumnia (no el de injurias, puesto que los artículos respectivos, que también formaban parte del capítulo de "delitos contra el honor" habían sido derogados el 23 de diciembre de 1985).

La semilla sembrada entonces comenzó a fructificar tres años después, cuando se multiplicaron iniciativas presentadas por diputados proponiendo tal despenalización: lo hicieron el priista Heliodoro Díaz Escárraga el 23 de febrero de 2006; el 7 de marzo, los integrantes del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación: Beatriz Mojica, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN; Jesús González Schmall, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del Verde; y, por...

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