PLAZA PÚBLICA / Rumbo ¿a la democracia?

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Pasado mañana sesionará el Consejo General del IFE en un momento importante de su transición. Deberá acordar cómo cumplir las obligaciones que le impone la nueva legislación de su competencia (particularmente en materia de radio y televisión) con sólo la cuarta parte de los recursos adicionales que solicitó a la Secretaría de Hacienda, que el órgano electoral cifró inicialmente en mil 400 millones de pesos. Se dará por concluida la actuación de tres miembros del consejo, Teresa González Luna, Lourdes López y Andrés Albo, que al día siguiente serán reemplazados por María Macarita Elizondo, Francisco Javier Guerrero y Alfredo Figueroa. Y deberá emitirse una nueva resolución sobre el registro del partido Rumbo a la Democracia.

El 27 de junio pasado el IFE negó el registro como partido a la agrupación política del mismo nombre, que presuntamente había satisfecho los requisitos para esa conversión. El argumento principal del consejo fue la infracción al artículo 41 constitucional (base I, segundo párrafo) que prohíbe "la intervención de organizaciones gremiales... en la creación de partidos", que deben ser formados por ciudadanos que se afilien "libre e individualmente a ellos", por lo que también se prohíbe "cualquier forma de afiliación corporativa". Debe recordarse que estas prohibiciones fueron un triunfo de la oposición al PRI, que durante décadas estuvo integrado (y alimentado financieramente) por las mayores centrales, los principales sindicatos y otras agrupaciones sociales, cuyos miembros lo eran automáticamente del partido gubernamental sin que necesariamente estuvieran enterados de su afiliación. Los miembros de las cooperativas (yo mismo en los años setenta, como trabajador de Excélsior) estaban por la ley del ramo obligados a pertenecer a una federación regional y por actividad, que se agrupaban a su vez en la Confederación Nacional Cooperativa, que además de representar a quienes participaban de esa forma de organización laboral-empresarial, era parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector popular priista.

El IFE actualizó en el caso de Rumbo a la Democracia la prohibición constitucional basado en el hecho de que dos Rodolfo Bastida, padre e hijo, de apellidos maternos Marín y Mendoza, respectivamente, al mismo tiempo que encabezaban la agrupación solicitante del registro como partido son dirigentes de sindicatos de la construcción y del transporte. Agrego por mi parte que Bastida Marín no se recataba...

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