Plaza Pública/ De película
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
El Presidente Zedillo debió emitir el reglamento de la Ley de Cinematografía a más tardar el 7 de abril de 1999. Pero con una abulia semejante, si bien menos grave, que la mostrada al entorpecer la reforma constitucional en materia indígena, dejó pasar el lapso de noventa días que se asignó en su propio decreto del 5 de enero de aquel año. Y todo el resto de 1999 y los once meses del 2000 en que todavía ejerció el Poder Ejecutivo, sin cumplir esa obligación legal, que le imponía como a todo Presidente la Constitución general de la República. Nos preguntamos de paso, ante esa negligencia, si sus múltiples empleadores de hoy habrán indagado sus antecedentes laborales.
Sin embargo, Zedillo no fue más indolente que sus antecesores. Carlos Salinas hizo reformar en 1992 la ley emitida cuarenta y tantos años atrás, para ponerla en consonancia con el Tratado de Libre Comercio que por entonces negociaba, y no la reglamentó en el casi lustro entero que todavía gobernó. Vamos, tanta fue la flojera reglamentadora de los Presidentes (a los que no movía en esa actitud ningún afán desregulador, pues la moda respectiva es plaga reciente) que el reglamento emitido ayer abrogó el expedido por el Presidente Miguel Alemán el 5 de agosto de 1951.
Y es que de eso tratan estas líneas. Ayer el Secretario de Gobernación Santiago Creel abrió un espacio en la apretada agenda política que debe despachar cotidianamente, para reunir a la comunidad cinematográfica y presentar el tan esperado y tan demorado reglamento, aparecido en el Diario Oficial ayer mismo. Para dar una idea del cine de calidad que el Gobierno quiere contribuir a hacer se unió, en un juego de palabras, a la extendida lamentación sobre la suerte de la cinta de Alejandro González Iñárritu al no haber obtenido el Oscar a la mejor película extranjera, deseando que en el futuro "los perros le ladren fuerte a los tigres y a los dragones. Y también a los gladiadores".
Pero en su juego con la cartelera fue más allá, y estableció compromisos públicos o hizo explícitos los que se derivan del nuevo ordenamiento. Dijo que con esa reglamentación "se respeta y se promueve la libre creación artística, la libertad de realizar y producir películas, así como el principio de nomutilación, censura o corte". Y ejemplificó ese propósito anunciando que "se acabaron los tiempos en que, con Todo el poder, se aplicaba La ley de Herodes al cineasta crítico".
Creel se refirió a los intentos de censura, disfrazados de argucias...
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