Plaza Pública / No aprehensión

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

La maniobra tejida durante 11 meses para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, llevarlo a prisión e inhibir su aspiración presidencial comenzó a derrumbarse anteayer, cuando la Procuraduría General de la República consignó el caso ante la justicia pero se abstuvo de solicitar orden de aprehensión, elemento axial de la urdimbre antidemocrática. Esa es la nuez de lo ocurrido el miércoles, la buena noticia que el Gobierno federal, para no perder cara, pretendió disimular tras un sainete, una función de gran guiñol que evidenció de manera burda la injerencia de la casa presidencial y el PAN en el intento, a punto ya de frustración completa, de eliminar al Jefe de Gobierno de la contienda política del año próximo.

Al leer un documento sobre el tema, después de estar en Los Pinos, visita que constituyó un mentís al mito de la autonomía del Ministerio Público, el subprocurador Carlos Javier Vega Memije escondió la trascendental decisión en un relato fantástico. Según esa narración, "en cumplimiento de su obligación de velar por los derechos humanos de los ciudadanos", el agente del Ministerio Público que haría la consignación del caso recordó el viernes pasado, 15 de abril, a López Obrador, "su derecho a obtener la libertad bajo fianza". Además de hacerlo llegar al interesado (que no sé si lo recibió), "el acuerdo fue publicado en los estrados de las oficinas del Ministerio Público de la Federación, y se le fijó como garantía para gozar de la libertad provisional la cantidad de dos mil pesos".

Eso dice el relato de Vega Memije. No dice lo que se espera que creamos. Que los Diputados locales panistas Gabriela Cuevas y Jorge Lara pasaban por allí y se impusieron en los estrados de la comunicación dirigida a López Obrador. Y luego de "una reflexión larga, continua", según la describió Lara, ambos se apersonaron "en el ministerio público de la Fiscalía de Servidores Públicos (sic) a efecto de exhibir... el billete de depósito por la cantidad de dos mil pesos".

(Esa cifra, digámoslo entre paréntesis, da idea del tamaño de la infracción penal que se atribuye a López Obrador, pues según las reglas procesales, la fianza debe garantizar "el monto estimado de la reparación del daño" y "las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse", y también debe asegurar "el cumplimiento de las obligaciones... que la ley establece en razón del proceso". Todo lo cual se cubre con dos mil pesos).

La acción de los legisladores panistas, pugnaces cuestionadores...

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