Plaza Pública / Industria de la indemnización
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal está en riesgo de ser cesado pues se niega a pagar mil 810 millones de pesos por la expropiación de un predio inexistente. ¿Es uno más de los arrebatos contra la aplicación de la ley que se atribuyen a Andrés Manuel López Obrador? No. Es una manifestación más de una industria floreciente, que afecta no sólo a la autoridad capitalina sino a miembros del Gabinete federal, la industria de la indemnización.
Por ejemplo, el Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame está pagando de su bolsa (porque la ley prohíbe que lo haga la oficina de que es titular) un juicio civil en que ha derivado el prolongado litigio de la familia Ramos Millán en pos de mil 214 millones de pesos. Como veremos adelante, se ha llegado a ese extremo ante la incapacidad presupuestaria de la SRA para cubrir aquella cuantiosísima prestación, impuesta legalmente. Como a lo imposible nadie está obligado, pero el Gobierno federal no puede ser deudor insolvente, consiguió un arreglo para pagar en abonos, que insatisfizo a los acreedores, razón por la cual han demandado civilmente a los titulares de la secretaría, antes la hoy consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera Tello y hoy Salazar Adame.
Del curso de ese asunto podrían obtener enseñanzas las autoridades de la Ciudad de México. Pero cuentan además, en ése y otros casos, con una circunstancia peculiar. El Paraje San Juan, expropiado en 1989 y por el cual su presunto propietario ha obtenido la orden judicial para que le sean cubiertos mil 800 millones de pesos, no existe. Es una ficción, creada con mala fe para obtener provecho, y que contó con la intervención de servidores públicos en el Gobierno de la Ciudad de México. López Obrador dice que la maniobra incluye también a la Jueza federal que el miércoles pasado inició el trámite que formalmente podría llevar al Jefe de Gobierno a la pérdida del cargo que ganó el 2 de julio del 2000. Una investigación solicitada por López Obrador a la Suprema Corte no podrá ser realizada en los términos pedidos por el gobernante capitalino (porque no es un Gobernador), por lo que la autoridad del DF se apresta a evitar el pago por otras vías.
El pago mismo, y la caída del Jefe de Gobierno constituirían una aberración porque un predio de 298 metros cuadrados aparece ante la justicia multiplicado por 10 mil, como si tuviera una extensión de 298 hectáreas cuadradas, unidad de medida que no sólo no existe sino que constituye una tontería. Cuando el metro es medida de superficie se debe ponerle un apellido, porque el metro puede ser lineal o cúbico. Pero no pasa lo mismo con la hectárea, que sólo es medida de superficie, compuesta por 10 mil metros cuadrados.
Ese raro término, hectáreas cuadradas, aparece en el contrato privado de compraventa que...
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