PLAZA PÚBLICA / La CIRT contra el IFE
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión vivió épocas doradas en su relación con el Gobierno federal. En su seno se incubó la ley federal sobre la materia que, contrahecha y rengueante, está todavía en vigor. La CIRT tenía capacidad para imponer medidas, o para contener las que consideraba lesivas para los intereses de sus agremiados, aunque convinieran al interés nacional, en nombre del cual ahora se permiten cuestionar al Instituto Federal Electoral.
Aun bajo gobiernos en extremo autoritarios como el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la CIRT pudo negociar en su provecho la fijación de un gravamen que afectaría a las empresas concesionarias de un servicio público, que es el caso de sus afiliadas. Logró que la rudeza presidencial trocara el cobro en efectivo de ese impuesto por un pago en especie, es decir tiempo al aire, que nunca se aplicó a cabalidad. De esa negociación resultó el tiempo del Estado, una franja de que las autoridades pudieron disponer para la emisión de sus mensajes.
La omnipresente CIRT consiguió, después de tres décadas de precario funcionamiento de esa modalidad de difusión estatal, que la señora Marta Sahagún persuadiera a su fácilmente influible cónyuge de reducir ese tiempo del Estado. Pero algo permaneció, y ya en este sexenio, al lograrse la reforma constitucional en materia electoral, con la aquiescencia de los partidos de mayor participación electoral, el Estado confirió un uso nuevo y socialmente útil a esa franja del tiempo de los medios electrónicos, que funcionan mediante concesión federal y están obligados a ceder esa porción de su tiempo de transmisiones. No se trata de un robo a particulares como lo ha considerado el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas, sino del cumplimiento de una obligación fiscal, que si se cubriera en efectivo implicaría un alto ingreso al erario y un monto importante en las cuentas de los concesionarios, de cuyo pago se libran.
La reforma de 2007 estableció un nuevo sistema de radiodifusión en materia electoral. Sacó del comercio en los medios electrónicos la propaganda emitida por partidos (y cualquier persona, para evitar las simulaciones) y convirtió al Instituto Federal Electoral en el órgano administrador del tiempo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora la propaganda de los partidos en radio y televisión es cursada por el IFE a las empresas concesionarias, a cuya cámara esa modificación resultó repudiable. Por eso desde el comienzo de su aplicación el...
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