Plaza Pública / Despenalizar la expresión

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Una demanda de importantes sectores de la prensa, donde descuella el Grupo REFORMA, que con la Universidad Nacional y la Oficina del relator especial para la libertad de expresión de la OEA ha organizado foros al respecto, está a punto de quedar satisfecha, para empezar en el Distrito Federal: se ha propuesto la derogación de los artículos del código penal que criminalizan los derechos de expresión y de información, es decir los que tipifican los delitos de difamación y calumnia. Pero como sería inadmisible dejar sin protección jurídica derechos de la personalidad, como la vida privada y el honor, la iniciativa legal que insta a derogar aquellos textos punitivos prevé un mecanismo de derecho civil en que mediante un procedimiento breve se resarza al ofendido en su buena fama, en el entendido de que el daño moral se cura con una reivindicación del mismo corte y no a través de una indemnización.

Aunque es preciso someter su redacción a un examen riguroso, que precise las definiciones de los valores que busca preservar y evite ambigüedades y confusiones, la iniciativa de ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, honor y la propia imagen que ya estudia la comisión de estudios legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal constituye un valioso punto de partida para conciliar derechos que pueden entrar en colisión. Es posible hacer valer las libertades de información y de expresión al mismo tiempo que se protege a las personas de ataques ilícitos contra su fama pública y su reputación.

La iniciativa se nutre de la perspectiva del derecho internacional. Cuando sea ley, será la puerta de acceso a instrumentos internacionales como la Convención Americana de derechos humanos, que es parte del orden jurídico mexicano pero cuya recepción se realiza con dificultad. En este momento, al menos tres casos sobresalientes han acudido al texto y las instituciones de esa Convención para hacer valer derechos y exigencias: que se castigue por genocidio a Luis Echeverría, que se otorguen medidas protectoras al personal del diario oaxaqueño Noticias y que Jorge G. Castañeda sea inscrito como candidato independiente. Las reticencias y obstáculos para admitir la vigencia de ese ordenamiento jurídico interamericano se salvarán en el caso de la protección a los derechos de la personalidad porque explícitamente se la reconoce como fuente de derecho, así sea en la exposición de motivos, punto de referencia a la hora de...

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