PLAZA PÚBLICA / Derechos constitucionales
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Anteayer, sábado 11 de junio, entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Culmina así -aunque todavía falta emitir legislación secundaria que la haga aplicable- un largo trayecto destinado a inscribir en la Carta Magna algunas de las más claras exigencias de la convivencia democrática, dentro de México y en sus relaciones con otros países.
La reforma siguió un camino tortuoso, estorbado por lastres de toda especie. En el último tramo, así en la discusión senatorial como en la caravana de aprobación a cargo de las legislaturas estatales, el conservadurismo pretendió frenar esta vasta operación jurídica, que toca de una vez 11 artículos constitucionales. Algunos de ellos han sido redactados de nuevo, en otros las enmiendas y adiciones son más de forma que de fondo, pero el común denominador consiste en colocar en el centro de la atención constitucional a las personas, entendidas como algo más que los individuos.
Las trabas conservadoras fracasaron y la semana pasada pudo emitirse en la Comisión Permanente del Congreso la declaratoria de reforma. El jueves 9, a su turno, el Ejecutivo promulgó la reforma, publicada en el Diario Oficial el viernes 10 y puesta en vigor al día siguiente.
El capítulo primero cambió de nombre y en alguna proporción importante también de contenido. No se trata de una mudanza formal, meramente nominativa. En vez de que el capítulo inicial se llame, como inveteradamente ocurrió, "de las garantías individuales", ahora es "de los derechos humanos y sus garantías". Se ha puesto fin a un largo ejercicio de la doctrina mexicana sobre las prerrogativas de las personas, a las que se llamaba "garantías individuales" sin reparar en que son diferentes el enunciado de los derechos y los mecanismos para asegurar su protección.
Las enmiendas y adiciones al artículo primero no únicamente lo han hecho crecer (ahora se integra con cuatro párrafos, en vez del único aprobado en Querétaro en 1917), sino que significan un giro copernicano en la relación del derecho mexicano con el internacional. Ahora se declara sin ambages que las fuentes para reconocer los derechos humanos son la Constitución y los tratados internacionales, que son también, una y otros, la guía para la interpretación, lo cual ha de hacerse "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".
Se anuncia una ley, para emitir la cual los legisladores federales se dieron un término de un año. Esa norma obligará al Estado a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba