Plaza Pública/ Delincuencia internacional
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Más pronto que tarde se actualizó la necesidad de hallar mecanismos para perseguir a la delincuencia política internacional, practicada por estados o personas, como la que el martes asestó un golpe en el plexo a la principal potencia del mundo. Respecto de México, el asunto había sido planteado de modo equívoco por el Presidente Fox el viernes pasado en Washington, ante la Organización de Estados Americanos. (Anteayer cometí el error de decir que había sido en el Capitolio, pero por fortuna nadie lo advirtió, preocupado como estuvo todo el mundo por la andanada trágica contra los símbolos del poder norteamericano).
Dijo el Ejecutivo mexicano que había ya enviado la iniciativa para ratificar 13 instrumentos internacionales, entre ellos el estatuto de la Corte Penal Internacional, que hace ya tres años fue aprobada por una conferencia reunida ex profeso en Roma. Como otros países, el nuestro ha tenido una actitud sinuosa ante ese pacto, discutible y todo pero que expresa la urgencia de que la comunidad internacional no permanezca cruzada de brazos ante conductas que claman al cielo por su injusticia flagrante.
El gobierno priísta tuvo una actitud ambigua frente al estatuto. Participó activamente en la reunión que lo aprobó, el 17 de julio de 1998, pero se abstuvo de firmarlo, paso previo a la ratificación, para que un instrumento internacional se convierta en parte del derecho propio. La delegación mexicana se fundó en las reservas expresadas por su jefe, el embajador emérito Sergio González Gálvez. Incomodó a la diplomacia mexicana el que la Corte Penal Internacional quedara vinculada al Consejo de Seguridad en términos tales que pudieran "crear una situación de inequidad que erosionara la independencia del tribunal". Sobre todo, la delegación mexicana requirió que el estatuto de la Corte "defina en términos muy precisos las garantías mínimas en el debido proceso, en forma compatible con lo que sobre el particular establece nuestra Carta Magna y leyes reglamentarias".
Sin que sus reservas fueran atendidas, en septiembre pasado el gobierno mexicano aceptó firmar el estatuto. Lo hizo en el ambiente de fin de régimen provocado por la victoria de la Alianza por el Cambio en julio anterior, y después de que había sido detenido en México, a resultas de una investigación del grupo REFORMA, el represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, buscado por la justicia española y que, de quedar sujeto a la argentina, habría seguido gozando de una impunidad...
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