PLAZA PÚBLICA / La Corte y los derechos humanos

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Víctimas de violencia perpetrada por militares, la justicia unirá, con 37 años de diferencia, los nombres de Rosendo Radilla Pacheco y Jethro Ramsés Sánchez Santana. En virtud de una sentencia internacional relativa a aquel ciudadano hecho desaparecer el 25 de agosto de 1974, un Juez ordinario, y no uno del fuero castrense, deberá juzgar a quienes torturaron y privaron de la vida al segundo, desaparecido en Cuernavaca el 1 de mayo de este año.

La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el 5 de julio que dos oficiales subalternos fueron detenidos por órdenes de la Procuraduría de Justicia Militar acusados del homicidio de Jethro Ramsés y por tortura de su primo Horacio Hernández Demesa. Los miembros del Ejército fueron consignados al Juez quinto militar para ser juzgados conforme al código de justicia correspondiente por "delitos de violencia contra las personas". Ese juzgador, sin embargo, deberá excusarse y remitir el caso a un Juez penal de Morelos como primer efecto de las trascendentales decisiones consumadas el pasado martes, 12 de julio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en restringir el alcance del fuero militar a sus términos constitucionales, a fin de que los miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se imputen delitos contra civiles y en que resulten lesionados derechos humanos sean llevados a la justicia ordinaria, no a los tribunales castrenses.

Esa determinación de la Corte fue adoptada al concluir el estudio del modo en que ese tribunal cumplirá la parte que le corresponde entre las obligaciones fijadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. No se trataba de establecer si la Corte mexicana acataría la resolución del tribunal internacional, sino los términos en que lo haría. Al hacerlo, concluyó, al menos en este caso, la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. Con ello, el máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido la primera parte de su denominación. Frente a la de San José, ya no es corte suprema, sino que está sometida a ese órgano judicial interamericano. Como quedó claro en el abordamiento de este caso, ni siquiera puede interpretar los términos de la sentencia internacional, sino cumplirlos llanamente.

La desaparición de Rosendo Radilla -un militante al que se acusó de participar en la insurrección armada guerrerense encabezada por Lucio...

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