Plaza Pública / Consejo del IFE
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Cuando faltaban 20 días para que concluya sus funciones, el viernes pasado el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) adoptó la que quizá ha sido la más ardua de sus resoluciones, la que castiga por financiamiento irregular a los partidos que apoyaron a Vicente Fox para llegar a la Presidencia de la República.
El dictamen del órgano fiscalizador, que impuso sanciones al PAN por 360 millones de pesos, y al PVEM por 185 millones, aprobado por seis consejeros, incluido el presidente, será revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitirá la última palabra.
Tres miembros del consejo se abstuvieron, pero no votaron en contra. Uno de ellos, Jaime Cárdenas, adujo las razones más poderosas. Una principal consiste en que el financiamiento paralelo, que en eso consistieron las aportaciones de los amigos de Fox y otras agrupaciones y personas, es una irregularidad grave que no fue estudiada exhaustivamente ni sancionada con fuerza suficiente, no obstante su gravedad. Pero nadie entre los consejeros objetó los hallazgos de la indagación.
La comisión fiscalizadora del IFE se enfrentó a una tarea especialmente difícil. La trama para hacer llegar a la campaña de Fox dinero adicional al que fue reportado se urdió desde mucho tiempo atrás y contó con diversas fuentes y modalidades. La sanción semejante aprobada antes por la autoridad electoral, mil millones de pesos al PRI, requirió una trabajosa reconstrucción del método utilizado para allegar fondos a la candidatura de Francisco Labastida. Pero, con todo, el camino allí estaba nítidamente trazado por documentación que mostró cómo Pemex dio dinero al sindicato petrolero y su comité nacional lo entregó, 500 millones de pesos en efectivo, a empleados y funcionarios priistas responsables de la administración y las elecciones.
En cambio, identificar las operaciones del financiamiento irregular al PAN y al PVEM (que constituyeron una coalición, forma de participación electoral que aporta beneficios e impone costos) demandó un esfuerzo adicional, estorbado por las acciones judiciales que consiguieron demorar la obtención de las informaciones necesarias para establecer montos y maneras del financiamiento contrario o al margen de la ley. Por añadidura, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Conbava dirigida por Jonathan Davis, cuestionado en otro frente por su participación en el oneroso rescate bancario, fue un celoso guardián no del secreto bancario en...
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