Plaza Pública / Ciudadanos y partidos

AutorMiguel Angel Granados Chapa

Los ciudadanos, es decir usted, yo, somos protagonistas de las elecciones de hoy. Trátese de comicios federales, para renovar la Cámara de Diputados; o locales, en las 10 entidades donde se eligen gobernadores, ayuntamientos y jefes delegacionales, o legisladores, son ciudadanos quienes votan, quienes reciben la votación, la cuentan y la validan. Y son ciudadanos los candidatos, presentados por partidos a su vez dirigidos e integrados por ciudadanos.

No siempre fue así. Por lo contrario, durante décadas los ciudadanos eran los grandes ausentes de la jornada electoral, y del proceso previo y posterior. Un puñado de funcionarios tenía a su cargo la tarea. Eran capaces de todo, aun de dar y quitar la vida a los votantes, mediante la manipulación del padrón. Por lo menos de 1946 a 1991, era personal público, pagado por el Gobierno, el encargado de organizar la elección, inclusive la recepción de los votos en las casillas. Allí era dable manejarla a voluntad: podía suplirse la voluntad ciudadana llenando urnas con votos que un empleado afanoso cruzaba, siempre en favor del partido gobernante. Las actas no tenían que reflejar lo acontecido en la jornada, y ni siquiera guardaban parentesco con las cifras derivadas de los paquetes electorales. (Por eso es un falso argumento el que asegura que aún puede investigarse si hubo o no fraude en 1988, porque el Archivo General de la Nación conserva los originales de las actas de la elección. Sin los paquetes, destruidos por el Gobierno priísta con la anuencia panista, las actas son papeles inútiles, porque es imposible cotejar sus datos con las papeletas a que presuntamente se refieren.) Y así ocurría con el resto de los eslabones de la cadena electoral, trabajados de espaldas a los ciudadanos.

Hoy los ciudadanos lo harán todo. Se inscribieron en el padrón electoral poco más de 65 millones de personas, y 64.7 millones tienen consigo su credencial y por ello figuran en las listas nominales con fotografía, copias de las cuales estarán en todas y cada una de las 121 mil casillas distribuidas en todo el País, atendidas por unos 800 mil funcionarios, ciudadanos comunes y corrientes escogidos al azar mediante sorteos. Si bien la Constitución hace obligatorio el desempeño de esa función, no se prevé sanción a quien rehúsa cumplirla, y son admitidas toda suerte de excusas. Pero es notable que los remilgos, temores e inhibiciones de quienes son llamados a dedicar unas 13 ó 14 horas de este domingo a recibir los votos de sus vecinos y contarlos hayan disminuido hasta casi desaparecer. Es un hecho que pudieron formarse todas las mesas directivas de casilla, constituidas por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, que dieron muestra activa de su...

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