PLAZA PÚBLICA / Banusa
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Mediante una interpretación especiosa que acaso no permaneciera firme de ser sometida a los tribunales, la Secretaría de Hacienda determinó el jueves pasado que no afecta el interés nacional el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos tenga el control de Citigroup, propietario a su vez de Banamex.
De ese modo, la denominación comercial de ese banco podría mudarse a Banusa, puesto que la autoridad hacendaria niega lo evidente, que esa institución bancaria viola no sólo el artículo 13 de la ley de instituciones de crédito, sino también el 18 de la ley de agrupaciones financieras, traído a la discusión por la propia Secretaría.
Hacienda difundió el 19 de marzo su parecer sobre la actual situación de Banamex. Lo hizo en un documento titulado "Implicaciones de los programas de apoyo implementados por gobiernos extranjeros con motivo de la crisis global sobre el sistema financiero nacional".
En él se afirma, sin vacilar, que "los programas de apoyo de gobiernos extranjeros no violan la legislación mexicana". Ésa es una falacia, porque se discuten no los programas de apoyo en sí mismos, que los gobiernos tienen pleno derecho a aplicar en su ámbito territorial. Lo que puede causar problema, y así lo reconoce la propia autoridad al anunciar una iniciativa de reforma legal que lo prevenga e impida, es el hecho de que un Gobierno extranjero participe en el capital social de un banco que fue mexicano y opera en México (y que, para colmo, ostenta una denominación que hasta propicia la confusión con el banco central).
Hacienda considera, refiriéndose a la prohibición establecida en el citado artículo 13 de la ley bancaria, que "la norma no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales, ni la participación mayoritaria de inversión extranjera". Es cierto que la regla no previno la crisis global, pero concibió una situación general, que abarca las diversas posibilidades específicas: los gobiernos extranjeros "no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple".
Sin que importe el origen de la intervención gubernamental ni sus propósitos, el Gobierno de Washington no puede participar de ninguna manera en el capital. Hacienda asegura lo contrario y pretende sustentar su tesis, además en el Tratado de Libre Comercio, apegándose al cual se ha otorgado apoyo. Es un argumento superfluo, porque en México no nos atañe el fundamento del Gobierno de Estados Unidos para actuar como lo hace. Es propio de su...
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