Plantea PRI frenar acoso en cobranza
| Autor | Claudia Guerrero |
MÉXICO.- La bancada del PRI llevó ayer al pleno del Senado una reforma para castigar hasta con ocho años de cárcel a quienes realicen cobros extrajudiciales a los deudores mediante técnicas abusivas, ya que su conducta podrá equipararse al delito de extorsión.
De acuerdo con la iniciativa, los integrantes de despachos jurídicos que hostiguen a los deudores con requerimientos amenazantes o conductas de acoso podrían hacerse acreedores -además- a una multa de hasta 1.5 millones de pesos.
La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria de ayer por el Senador priista por Jalisco, Jesús Casillas, quien aseguró que en la mayoría de los casos los métodos para el cobro extrajudicial son inapropiados, ya que se utilizan amenazas de prisión, golpes o cualquier forma de violencia hacia el deudor o sus familiares.
"Violencia, intimidaciones humillantes, intranquilidad familiar, conductas que colocan a los deudores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias y hasta simulación de autoridad, porque llegan a efectuar 'embargos' privados", denunció.
"Además, es inaceptable que los despachos hostigan y amenazan hasta a las personas que son registradas sólo como referencia en las solicitudes de algún crédito", expone la iniciativa.
De acuerdo con el legislador, las empresas dedicadas a los cobros han llegado al extremo de hablar a las casas y oficinas de los deudores, utilizando lenguaje obsceno para acosarlo o amenazarlo.
La reforma prohíbe a las entidades de servicios financieros realizar algún tipo de requerimiento de pago a sus clientes fuera de procedimiento judicial, sea a través de sus representantes, empleados o un tercero, como los despachos de cobro.
De aprobarse la propuesta, quedará prohibida la simulación de escritos judiciales, el envío de comunicaciones con terceros ajenos a la obligación y también queda prohibido realizar visitas o llamados telefónicos a la morada del cliente durante días domingos, o entre las 23:00 y las 7:00 horas.
En entrevista, el Senador explicó que las penas serían las mismas a las de extorsión.
"De dos a ocho años de prisión. Las mismas penas se impondrán al que con motivo de realizar una cobranza extrajudicial, ejerza en las personas violencia, coacción o intimidación", dice la iniciativa.
"Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de...
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