Opinión Invitada / Olmo Guerrero: ¿Claudicar o reintentarlo?
| Autor | Opinión Invitada |
En el 2015 Jaime Rodríguez se convirtió en el primer candidato independiente en acceder a la Gubernatura. Lo que comenzó con una carga fuerte de esperanza, cuatro años después se ha traducido en un desencanto generalizado.
Al día de hoy, en el Congreso se debate la imposición del castigo a "El Bronco" en acatamiento a una sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal.
Como es bien sabido, el Mandatario se separó temporalmente del cargo para contender por la candidatura presidencial en el 2018. En ese proceso electoral, la Sala Especializada determinó que el Gobernador utilizó 572 empleados de la administración pública para captar apoyos en favor de su candidatura, violando así el Artículo 134 de la Constitución.
En la sentencia, de forma debatible, se precisó que el Congreso sería considerado el superior jerárquico y, por ende, el encargado de imponer, en caso de ser procedente, la sanción respectiva según las leyes aplicables.
Luego, a pesar de que la resolución mencionada fue emitida el 21 de junio del 2018, el Congreso del Estado ha sido omiso en acatar la sentencia del órgano electoral.
Como consecuencia de ello y producto de un incidente de incumplimiento de sentencia, el 26 de julio del 2019 se ordenó a los legisladores que impusieran las sanciones que correspondieran, tanto al Gobernador constitucional como a su Secretario General de Gobierno, Manuel González.
La conducta reprochada, en atención a su gravedad, podría llegar a justificar -desde mi perspectiva y previo a una motivación extraordinaria- la destitución. Sin embargo, existen complejas interrogantes jurídicas que deberán resolverse de forma previa a la decisión.
¿Una autoridad electoral puede, a través de una sentencia, facultar al Congreso para realizar una actividad que no se le reconoce en la ley? ¿El incidente de incumplimiento de sentencia es legal o excede a la sentencia que pretendía ejecutar?
Por último, se deberá tomar en cuenta que posterior a la emisión de la sentencia, se creó una nueva Ley estatal de Responsabilidades Administrativas que reconoce facultades a la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.
La decisión a la que se enfrenta el Congreso no solamente es compleja técnicamente, sino de suma importancia. Más aún, su motivación deberá ser tan elocuente, que elimine cualquier duda sobre los motivos de su decisión.
Sería ingenuo pensar que la conveniencia política de cada una de las bancadas no será...
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