Opinión Invitada / Mariana Gabarrot Arenas: Marcha atrás

AutorOpinión Invitada

El nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, es preocupante para la democracia y para la agenda en favor de los derechos de las mujeres.

Primero, se reitera una práctica del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones de manera unilateral, pese a los argumentos de expertos y la Oposición.

Unos apuntan que la nueva ministra no tiene experiencia en la interpretación de la Constitución -principal trabajo de la SCJN-, ya que su área laboral se ha enfocado al Derecho administrativo, fiscal y financiero.

Otros señalan los conflictos de interés al estar casada con José María Riobóo, contratista entre cuyos trabajos de infraestructura están los segundos pisos de la Ciudad de México en tiempos de López Obrador como Jefe de Gobierno.

Aquí se evidencia uno de los temas relacionados con la agenda de las mujeres. La ministra no es considerada por sí misma, sino como "esposa de", y para defenderse no ha dicho hasta ahora que esta lectura de sus credenciales es machista e injusta.

El silencio de Esquivel en este sentido dice más que mil palabras, mostrando una aceptación implícita del statu quo de inequidad de género.

Otro aspecto preocupante en esta adición a la Suprema Corte es la contradictoria postura de la nueva ministra en materia de penalización de las mujeres que recurren al aborto.

Por un lado, declaró ante el Senado estar a favor del derecho a la vida, aclarando que éste no se trata de un tema de ética, sino de respetar la legislación vigente de los Estados. Por otro, sostuvo que la ética es una parte central en la impartición de justicia.

En el mejor de los casos, no se ha decidido. En el peor, no toma postura, o simplemente trata de ocultar su posición. Ambas cosas graves en una ministra.

Seguir la lógica de los Estados como principio es un paso atrás. Si bien es cierto que cada entidad debe tener independencia legislativa, también lo es que a este nivel los proyectos de ley pueden responder a grupos de interés regionales, ignorando los principios más amplios de la democracia federativa.

Cuando esto sucede -y se atenta contra grupos vulnerables-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad de recurrir a procesos de inconstitucionalidad, en los cuales pide a la Suprema Corte que interceda para enmendar la falta. Y aquí la forma de pensar y decidir de los ministros es obviamente clave.

Tan sólo el año pasado, la CNDH presentó 27 acciones de este tipo, de las...

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