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Opinión Invitada / Estefanía Vela Barba: #MeToo

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Vincent
AutorOpinión Invitada

Son muchas las discusiones que deberíamos tener para garantizar que lo que miles de mujeres valientemente han denunciado en días recientes no se repita más.

De las muchas discusiones que urgen -sobre la seducción, la (hetero)sexualidad, el amor, las relaciones, entre otras-, me gustaría enfocarme en dos.

Primero: tenemos que discutir a profundidad nuestro sistema de justicia, incluido el penal.

Para entender por qué, valga un ejemplo: según la última ENDIREH, sólo en el año previo a la encuesta -el 2016-, aproximadamente 359 mil mujeres mayores de 15 años fueron violadas por sus parejas, 137 mil fueron violadas por alguien de su familia, 71 mil fueron violadas en el ámbito comunitario, 24 mil lo fueron en el ámbito laboral y 9 mil en el escolar. Seiscientas mil en un año. Y eso que esta cifra excluye a quienes vivieron abuso, acoso, violencia física, violencia emocional y discriminación.

En el 2016, ¿cuántos fueron los delitos por violación que se registraron en las investigaciones penales, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Fueron 12 mil 945.

En ese mismo año, ¿cuántas personas fueron sentenciadas penalmente por violación? Sólo 364, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia.

Éstos son los números brutos. Si además le prestamos atención a las historias que las mismas mujeres han contado sobre su experiencia con el sistema penal -la revictimización que sufrieron, la insatisfacción perenne que les provocó, la ausencia absoluta de una reparación integral del daño-, queda claro que tenemos que repensar nuestro concepto mismo de "justicia".

En esta reflexión, por supuesto, tampoco podemos quedarnos sólo en lo penal. Muchas de las conductas que las mujeres han denunciado, como el acoso que viven en el trabajo, también se encuentran prohibidas por otros órdenes, entre los cuales está el derecho laboral.

Más aún: a diferencia del derecho penal, la legislación laboral del País no sólo se enfoca en las personas individuales que ejercen la violencia, sino en las empresas que la solapan. Por ley, los centros de trabajo tienen que promover un "entorno organizacional favorable" y tomar acciones...

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