Opinión Invitada / Ernesto Canales: Seguridad y justicia, ¿disyuntiva?

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No se trata del concepto de seguridad versus el de justicia. Para nada. Es un grave error tratarlos tal si fueran términos opuestos y más aún sacrificar la calidad de justicia en aras de seguridad pública, tal como lo hacen AMLO y sus amlistos, al decretar prisión preventiva oficiosa para un mayor número de delitos.

La prisión preventiva oficiosa consiste en que en automático se impone cárcel sin juicio; basta la acusación de la Fiscalía para que un juez tenga que privar de la libertad a cualquier persona y la condene al infierno de las cárceles mexicanas. El otro lado de la moneda significa lavar culpas a delincuentes no ejercitando la acción penal, actividad corrupta muy redituable.

Máxima alerta ha encendido AMLO para el ciudadano contra su seguridad jurídica al modificar la Constitución del País para ordenar cárcel en automático por delitos que son de tipo político o están mal definidos. Es terreno cedido a la corrupción e impunidad.

Es peligrosa la concepción de hacer prevalecer la seguridad pública sobre la justicia, porque donde no hay justicia no puede existir Estado de derecho y sin éste es la ley del más fuerte.

Cuando para avanzar en seguridad se utilizan herramientas propias del edificio de la justicia, en detrimento de la calidad de ésta, como sucede al facultar al Gobierno la imposición de penas al acusado, sin condena previa, se trastoca la finalidad del Estado y abre necesariamente el abismo de una sociedad sin orden.

Gran avance ha experimentado México con los juicios orales en materia penal, por su apertura, celeridad, desformalización, objetividad y publicidad. El castigo a corruptos es, sin duda, un antídoto contra la corrupción.

¿Por qué ahora sufrir un retroceso y volver a sumergirnos en el fétido océano que se crea al otorgarles a las Fiscalías poder de meter en prisión a quien quieran, sin juicio previo?

Si además este diabólico poder "descontrolado" se deposita en Fiscalías "controladas" por el Ejecutivo, Fiscalías a modo, tenemos una combinación de factores que no ayuda a la seguridad pública y sí es en detrimento de la seguridad jurídica del ciudadano.

Esto no es teoría, cuando existe la posibilidad de que la autoridad decida sobre la libertad de los individuos, de forma unilateral y arbitrariamente, sin juicio y en lo oscuro, la libertad se convierte en un objeto punzante en manos del poder, que le sirve, a voluntad, para cualquier finalidad política o de enriquecimiento. Lo sostenemos quienes hemos experimentado...

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