Opinión Invitada / Artemio Bernardo Salinas Cantú: Perversidad legislativa
| Autor | Opinión Invitada |
Según informó el jueves pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos definirá esta semana si interpondrá o no una acción de inconstitucionalidad contra la obligación que establece la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas a los proveedores de bienes y servicios de entes públicos para presentar su declaración 3de3.
Recordemos que en mayo pasado, el Congreso del Estado aprobó reformas a la ley para obligar a particulares que pretendan ser proveedores de Gobierno a presentar información diversa popularmente conocida como 3de3.
Es extraño que el Congreso local haya aprobado la reforma, pues algo idéntico se intentó a nivel federal en el 2016 y fue vetado por el entonces Presidente. En su momento se debatió y los expertos confirmaban su inconstitucionalidad.
Además, en el imposible escenario de que una medida de tal naturaleza fuera constitucional, la aplicación de la ley derivaría en un caos burocrático, pues una persona moral, digamos con 30 accionistas, necesitaría presentar los requisitos por cada uno de los accionistas involucrados.
¿Hasta dónde llega la obligación de presentar datos personales? Bien puede ser que a uno ni le avisaron y sus datos son requeridos por la autoridad.
Entonces, si la reforma es a todas luces inconstitucional y además difícil de implementar (por no decir imposible), ¿por qué nuestros legisladores la aprobaron?
Una razón podría ser que verdaderamente creen que la medida es correcta para el combate a la corrupción y poseen el argumento jurídico para sostener su legalidad ante la Corte y además ya cuentan con una planeación de política pública para implementarla.
Sin embargo, la realidad es que los Diputados (partidos políticos) lejos de querer combatir la corrupción con políticas públicas inteligentes, buscan mantener un sistema jurídico débil, ambiguo e inacabado.
Para entender la aprobación de semejante disparate es necesario visualizar no sólo esa reforma, sino el contexto político en torno al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Tras aprobarse, el SEA trajo consigo cambios estructurales como la creación de nuevos órganos ciudadanos y gubernamentales, y el rediseño de instituciones judiciales.
En resumen, nuevos actores y reglas en el combate a la corrupción implican nuevos riesgos para los beneficiados por la corrupción en el Estado. Basta decir que hay muchos intereses a los que no les conviene la total implementación y correcto funcionamiento del SEA.
Lo que se está gestando para que el SEA se...
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