Miguel Reyes González / ¿Y el Poder Judicial?

AutorMiguel Reyes González

La corrupción en México es de tal dimensión y está tan enquistada en la vida pública (y también en la privada) desde hace tanto tiempo que difícilmente ha podido escapar del discurso de nuestros políticos, sobre todo cuando andan en campaña.

Sin embargo, su proferido combate ha sido más una bandera política o una promesa que una acción decidida.

A nivel federal, lo mismo que en el estatal, un sexenio tras otro, los mexicanos escuchamos la misma oferta de erradicar la corrupción.

El recién estrenado Presidente no fue la excepción. En su toma de protesta Andrés Manuel López Obrador dijo: "Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad". La idea central es correcta, pero el planteamiento no lo es.

El combate a la corrupción es una empresa compleja. Atacarla de manera integral y efectiva implica, por lo menos, tres aspectos: la prevención, la persecución y la sanción. Este último punto es, quizá, el más importante.

Y es que el oxígeno de la corrupción es la impunidad. Es en este sentido que la referencia de López Obrador a ese binomio es acertada. Sin embargo, se equivoca en dos cuestiones.

Su error más criticado fue haber afirmado que no perseguirá a los corruptos del pasado. Entre otras razones, porque hacerlo sería meter a México en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación.

Pero no menos cuestionable es el error de haber afirmado que su Gobierno acabará con la corrupción y con la impunidad.

Es cierto que el Poder Ejecutivo tiene un papel preponderante en esta materia, pero ni puede ni le corresponde hacerlo solo. Cualquier Mandatario que así lo afirme es un ingenuo o un demagogo.

En atacar la impunidad y, por ende la corrupción en el sector público, un actor fundamental es el Poder Judicial. Éste constituye la instancia definitiva, pues es quien finalmente determina quién debe ser castigado y cuál debe ser la sanción.

De muy poco vale, para efectos de luchar contra la corrupción, que el Ejecutivo o el Legislativo persigan a quienes cometieron actos de deshonestidad en la función pública, si la autoridad judicial no está en la misma línea o procede de manera corrupta. Ejemplos abundan.

En...

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