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Miguel Reyes González / Malparados

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Vincent
AutorMiguel Reyes González

Cualquiera que sea la resolución que en octubre determine la Auditoría Superior del Estado con respecto al cobijagate, Jaime Rodríguez y su Fiscal Anticorrupción quedarán malparados en su pregonada lucha contra la deshonestidad en la función pública.

Tampoco cambiará este hecho aun si prosperan las imputaciones realizadas por la actual Administración estatal en contra de Rodrigo Medina y algunos ex funcionarios de su Gobierno. El escándalo de las cobijas ya marcó negativamente la gestión de "El Bronco".

Y es que el primer caso conocido de corrupción al interior de este Gobierno debía haber sido un ejemplo incuestionable del combate contra este tipo de prácticas, que tanto ofreció Rodríguez Calderón.

La Fiscalía Anticorrupción tenía que haber sido meticulosa e implacable con este asunto y Jaime Rodríguez debió haber asumido públicamente una postura igualmente implacable. Ni una cosa ni otra.

Luego de que a mediados de septiembre pasado el Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, declarara que en el cobijagate no se encontró la comisión de delitos, sino tan sólo de "errores", esta instancia cerró el caso.

Los dos únicos inculpados, el ex Subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, y el director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla Orozco, terminaron con una multa de 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente, después de que primero fueran sancionados por "error" con poco más de 7 mil pesos.

No obstante el cúmulo de críticas y la orden del Congreso local a la Auditoría Superior del Estado para que investigara el asunto, tanto el Fiscal Anticorrupción como el Gobernador han insistido hasta la fecha que la indagación fue concluyente.

En abril de este año Ernesto Canales declaró lo siguiente: "La Auditoría no está sacando absolutamente nada nuevo. ¿Qué está detrás de utilizar refritos de información que ha estado en el dominio público desde el día uno? No lo sé".

¿A qué información del dominio público se referirá el Fiscal? El Estado mantuvo inaccesible al público el expediente desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, cuando en diciembre fue obligado a abrirlo por la Comisión de Transparencia y Acceso a la...

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