Miguel Reyes González / Juicio sumario
| Autor | Miguel Reyes González |
Una suerte de juicio sumario es como podría considerarse la comparecencia ante los Diputados locales del Subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. Con ello no sólo éstos se extralimitaron, sino pervirtieron el motivo de dicha audiencia.
Canales fue citado por los legisladores locales para explicar una acusación en un litigio por la apropiación indebida de 6 millones de dólares. Dicho proceso fue ventilado en una columna de un periódico de circulación nacional.
El también llamado Zar Anticorrupción no tenía obligación legal para responder ni por escrito ni en persona al requerimiento de los congresistas. El Artículo 62 de la Constitución local, recientemente reformado por ellos, no lo incluye entre los funcionarios que deben presentarse cuando así lo solicite el Poder Legislativo.
Los servidores a los que se refiere dicho artículo son: los Secretarios del Despacho, el Procurador de Justicia, el Coordinador Ejecutivo, los titulares de organismos descentralizados, fideicomisos públicos y organismos autónomos.
Dada la naturaleza de la acusación y de su encargo, Ernesto Canales tendría que haber dado una explicación, aun si el Legislativo no lo hubiera solicitado.
Para ello, como suelen hacerlo los funcionarios, pudo armar una rueda de prensa en donde él determinara las reglas, sobre todo en materia de preguntas y respuestas.
A pesar de esto, Canales fue al Congreso a someterse al interrogatorio de los llamados representantes populares que integran la Comisión Anticorrupción. El propósito era aclarar los señalamientos hacia él, surgidos a partir de la publicación mencionada.
Así lo manifestó el Diputado priista Héctor García cuando, en tribuna, solicitó que se aprobara la comparecencia del Subprocurador. Esta petición fue secundada por Ángel Barroso del PAN y por Samuel García de Movimiento Ciudadano y fue aprobada por el Pleno.
Sin embargo, los legisladores no se limitaron a preguntarle al abogado Canales acerca de la acusación que pesa sobre él. Lo enjuiciaron y hasta le recomendaron que solicitara su renuncia.
Henchidos estos Diputados de una autoridad moral que sólo ellos se la creen, fustigaron al Fiscal Anticorrupción. Cuestionaron su calidad moral y su capacidad para estar al frente de esta oficina crucial.
Por la forma en que se condujeron estos legisladores hacia el funcionario, puede leerse que sus cuestionamientos fueron motivados más por razones políticas que por un auténtico deseo de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba