Miguel Reyes González / ¡Auditoría ya!

AutorMiguel Reyes González

"Donde hay luz no hay cucarachas". Esa expresión se la oí hace muchos años en una charla a Federico Reyes Heroles, presidente fundador de la organización civil Transparencia Mexicana.

Evidentemente, la metáfora aludía a que cuando hay transparencia en la función pública no hay espacio para la corrupción. Su contrario, la opacidad, es el entorno propicio para cometer actos de deshonestidad.

Viene a cuento esta máxima, por la falta de claridad total en el enorme gasto que ha ejercido el Gobierno del Estado desde que comenzó la actual pandemia. Un gasto, hasta hoy, cercano a los mil 440 millones de pesos y que en su mayoría ha ejercido en adjudicaciones directas.

Tan pronto como inició la emergencia sanitaria, y con ella el uso extraordinario de recursos públicos, distintas voces advirtieron sobre el deber de los Gobiernos estatal y municipales no sólo de hacer buen uso de tales fondos, sino de informar periódicamente y en su totalidad en qué se habían utilizado.

EL NORTE, al igual que diversas organizaciones sociales, han demandado en todo este tiempo que el Estado y los municipios detallen sus erogaciones. Algunas agrupaciones, incluso, implementaron plataformas para calificar la rendición de cuentas.

En general, los municipios metropolitanos han informado debidamente y con oportunidad, según distintas evaluaciones periódicas que han realizado agrupaciones civiles. No ha sido el caso del Gobierno estatal.

De marzo a la fecha, la Administración encabezada por Jaime Rodríguez ha reportado los gastos por la pandemia cuando ha querido y como ha querido. Tal como si no tuviera obligación de ello y hacerlo fuera una graciosa concesión.

Sistemáticamente, el Gobierno estatal ha evitado dar a conocer tanto los costos unitarios, como las cantidades de los insumos que ha comprado. Ésta es una información esencial para poder determinar si los productos fueron adquiridos a un precio óptimo o bien se pagaron a precios inflados. Recuérdese el "cobijagate".

El desglose de esos datos resulta indispensable para cumplir con la obligación legal de garantizar las mejores condiciones de compra para el Estado. Sobre todo, cuando se trata de adjudicaciones directas.

En el caso del...

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