Luis Rubio / Régimen de partidos
| Autor | Luis Rubio |
El régimen de partidos construido a lo largo de los 90 no se concibió como un mecanismo para afianzar la democracia, la transparencia o la honorabilidad de los políticos y sus partidos. Las sucesivas reformas electorales de aquel periodo buscaron dos cosas: uno, crear un mecanismo impecable e impoluto de organización de los procesos electorales, de conteo de los votos y de resolución de disputas. Ese objetivo se ha cumplido a cabalidad y el Instituto Federal Electoral, ahora en su tercera edición, se ha convertido, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las principales anclas de la estabilidad política en el País, lo que le ha granjeado un enorme respeto entre innumerables observadores, expertos y políticos extranjeros.
El otro objetivo, en buena medida inconfeso, buscaba afianzar el control sobre la política nacional que ya ejercían los tres partidos políticos más importantes. No se trataba pues de afianzar la democracia, ser transparentes o representar a la ciudadanía, sino controlar la política nacional. Este propósito también se ha conseguido a cabalidad y el desorden que existe en la política nacional, que ejemplifican escándalos como el que envuelve al Partido Verde, más los que se acumulen esta semana, es la cosecha de lo que se sembró. No hay nada de lo cual debamos sorprendernos o escandalizarnos.
Los partidos organizaron un régimen electoral a su medida. Aunque la condición sine qua non para que pudieran establecerse los acuerdos que condujeron a la reforma constitucional de 1996 fue la creación de una estructura que garantizara, de una vez por todas, la limpieza de los procesos electorales, los partidos políticos tenían otras agendas escondidas en la manga. Años de corrupción electoral, fraudes de todo tipo y arrogancia gubernamental llevaron a que todos los actores políticos, observadores, especialistas y analistas del más variado cuño, coincidieran en que el tema de la limpieza de los procesos electorales en todas sus fases constituía la prioridad política central de la política mexicana. Y dicho y hecho: después de los interminables conflictos electorales de décadas pasadas, así como de seminarios y arduas negociaciones, las elecciones dejaron de ser el tema contencioso de la política nacional. Súbitamente, el acceso a puestos de elección popular dejó de ser el meollo de la disputa política.
La consolidación de la democracia electoral, sin embargo, no resolvió todos los problemas del País. Lo...
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