Luis Rubio / México y Colombia
| Autor | Luis Rubio |
A la memoria de Manuel Olimón SJ.
La tentación a seguir los pasos colombianos en la pacificación de su país es inmensa.
Si bien aquella todavía no concluye -ni goza de apoyo generalizado-, la experiencia colombiana es ejemplar por su profundidad y solidez de concepción y proceso, pero también porque procuró no sólo resolver una vieja disputa con la fuente de violencia más añeja del continente, sino incorporar a los violentos en la normalidad cotidiana.
Imagino que ésta es la fuente que inspiró al nuevo equipo gobernante para proceder con un proceso de negociación, pacificación y justicia transicional, términos todos que, como ilustra el extraordinario texto del negociador colombiano Sergio Jaramillo*, provienen de allá.
El problema es que las circunstancias colombianas nada tienen de similar a las nuestras.
En Colombia hay dos factores esenciales que hicieron posible el proceso de paz que se siguió: primero, en aquella nación se fue construyendo capacidad institucional a lo largo de tres décadas, fortaleciendo al Gobierno y creando la solidez para actuar.
Es decir, primero construyeron Policías profesionales y un poder judicial independiente y luego se lanzaron al proceso de negociación. La negociación que llevó a cabo el Gobierno del Presidente Santos no hubiera sido posible, ni concebible, sin la existencia de un verdadero Estado.
En segundo lugar, en Colombia la fuente de violencia no era meramente el narcotráfico, aunque éste era un componente central, sino la guerrilla que por medio siglo se había asentado en una enorme porción de su país, al cual controlaba y desde el cual operaba, secuestraba y mataba de manera sistemática.
Lo central de la negociación colombiana fue el hecho de que existía un proyecto político alternativo que era financiado por el narco. La negociación no era con criminales sino con una entidad política.
En contraste, en México nuestras instituciones son por demás débiles, no existen Policías profesionales que garanticen la seguridad ni serían capaces de administrar un proceso de paz como el que se ha avanzado en Colombia o que pomposamente se propone para México.
Tampoco existen instituciones judiciales -ya sea del lado de la Fiscalía o del Poder Judicial- para poder hablar de justicia en cualquiera de sus acepciones.
Tampoco hay un proyecto político como el colombiano, centrado en la ciudadanía, especialmente en las víctimas, para asegurar la viabilidad del proyecto de paz.
En México, el verdadero reto es más...
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