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Luis Manuel Garza / Justicia

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Vincent
AutorLuis Manuel Garza

"El sacerdote Carlos López Valdez fue condenado a 63 años de prisión por el delito de violación luego de 10 años de haber sido denunciado", publicó EL NORTE hace justamente un año al día de hoy.

Dicho evento ha sido de gran relevancia para el combate a la impunidad de la cual han gozado curas pederastas, pues la sentencia constituye la primera condena privativa de la libertad dictada contra un sacerdote pedófilo en la historia de la Ciudad de México, desde que era Distrito Federal.

Y una de las pocas en la historia de nuestra Nación.

Celebro el primer aniversario del dictado del referido fallo, pues por escasos días coincide con la divulgación de la noticia, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de que en 64 diócesis del País se reportaron al menos 101 expedientes de sacerdotes con procesos ministeriales por abuso sexual contra menores de edad, de los cuales seis casos (cuatro clérigos, un diácono y un presbítero) son de Nuevo León.

Es decir, al cumplirse un año de aquella sentencia, ya tenemos en México un centenar de procesos ministeriales en contra de dichos delincuentes, lo que nos deja bien claro cuáles son las consecuencias, tanto de la impunidad como de la justicia.

La primera inevitablemente provoca que la conducta criminal se perpetúe; y la segunda, que el comportamiento delictivo se controle y tienda a disminuir o erradicarse.

Pero hay más, pues aún faltan 31 diócesis por rendir su informe sobre las denuncias contra presbíteros acusados de pederastia, sumándole también los casos pendientes de ser denunciados, más los que nunca se denunciarán.

Adicionalmente, el registro sólo abarca del 2010 a la fecha y no incluye los 157 casos de sacerdotes a los que se les aplicó un proceso canónico para ser suspendidos de su ministerio por presuntos abusos sexuales contra menores de edad.

En otras palabras, se trata solamente de la punta del iceberg.

La decisión de la CEM, tanto de perseguir a los sacerdotes delincuentes como de publicitar las acciones emprendidas en su contra, constituyen un acto de congruencia con la postura pública del Papa Francisco quien, a diferencia de Benedicto XVI y Juan Pablo II, sí...

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