Lucrecia Lozano / Reparación y memoria

AutorLucrecia Lozano

Era soleada la mañana después de la noche en la que Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, estudiantes de excelencia en el Tecnológico de Monterrey, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial por parte de militares.

Si el día estaba luminoso, ése no era el ánimo de la comunidad del Tec. Desde la madrugada nos habíamos enterado de que afuera del Campus Monterrey había ocurrido un enfrentamiento armado entre militares y un grupo de criminales y que dos personas habían fallecido adentro del Instituto.

El estupor y la incertidumbre dominaron esa jornada, y no fue hasta el día siguiente que se confirmó que quienes habían muerto no eran sicarios, versión difundida por el Ejército y las autoridades estatales y judiciales, sino estudiantes del Tec, a quienes habían despojado de sus credenciales de alumnos y sus documentos de identidad.

Fue el inicio de un proceso que cimbró a la institución y que nueve años después cierra un capítulo de una tragedia que nunca debió ocurrir.

Este 19 de marzo, nueve años después de esos sucesos y como primer paso para la reparación del daño, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública para limpiar los nombres de Jorge y Javier.

En esos nueve años, muchas cosas ocurrieron en el Tec. A días del suceso, el entonces Rector del Sistema Tecnológico, el Dr. Rafael Rangel Sostmann, encabezó una inédita manifestación de la comunidad en protesta por los acontecimientos.

Poco tiempo después, ante el silencio institucional, un colectivo de estudiantes del Tec hizo suya la bandera del esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia. Acompañando a los padres de Jorge y Javier no dejaron que el caso se perdiera en el olvido.

Un documental, "Hasta los Dientes", realizada por Alberto Arnaut, desveló la trama de la desinformación y la razón de Estado que estuvo a punto de enterrar el caso en alguna oscura dependencia judicial.

La disculpa pública del Gobierno no garantiza que el caso se resuelva pronto en los tribunales y que se aplique la justicia a los militares responsables del crimen, que alteraron la escena y colocaron armas a los estudiantes...

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