Lucrecia Lozano / Desaparecidos
| Autor | Lucrecia Lozano |
Recientemente, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de García con restos de 56 personas.
Estudios de su ADN permitieron identificar a 24 de las víctimas, todas ellas reportadas desaparecidas en el 2010.
Las personas desaparecidas son una herida abierta en cualquier sociedad y una realidad incómoda para los Gobiernos.
Nada resulta más doloroso para una comunidad que desconocer el paradero de algunos de sus miembros. La figura de los desaparecidos nos hace vulnerables, nos llena de incertidumbre e impide que cerremos un capítulo social o de nuestras vidas.
Esa idea de incertidumbre es lo que marca la diferencia entre alguien que ha muerto y alguien que está desaparecido.
A los primeros los enterramos -o los cremamos- y los lloramos. El tiempo nos permite vivir un duelo que acomoda en nuestra razón y nuestros sentimientos la certeza de que un ser querido o alguien de nuestra comunidad no estará más entre nosotros.
En el caso de los desaparecidos, resulta imposible vivir ese duelo porque no hay comprobación objetiva de la muerte. Queda suspendida en el aire la pregunta de si esa persona continúa viva y puede volver a aparecer en cualquier momento.
En esa duda perenne descansa la dolorosa dimensión social y psicológica de los desaparecidos y radica la espera -y la esperanza- incesante. La reconciliación con la pérdida es imposible, porque no hay comprobación alguna de esa pérdida.
Si abordamos ese problema como un asunto político y social y no como un evento aislado y personal, el fenómeno adquiere connotaciones singulares.
Algunos Gobiernos autoritarios usan de manera instrumental el fenómeno de los desaparecidos como un recurso represivo para promover y garantizar sus intereses.
Al hacerlo lanzan un mensaje inquietante a la sociedad: no te opongas, no te manifiestes, no actúes al margen del poder so pena de que tus acciones lleven no a tu encarcelamiento y condena, sino a tu desaparición.
Así operó la Junta Militar que se impuso en Argentina entre 1976 y 1982 y desplegó una guerra irregular que enfrentó al Estado contra la sociedad civil, en donde las detenciones arbitrarias derivaron en la desaparición forzada de personas.
No hay números precisos. Algunas fuentes hablan de 10 mil...
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