Limita información reforma anticrimen

AutorClaudia García

Un artículo del paquete de reformas legales anticrimen promovido por el Estado y aprobado por el Congreso local, vigente desde el 14 de marzo, prohíbe la difusión de información de casos del crimen organizado y otros cinco delitos, y establece sanciones para quien proporcione datos.

El nuevo artículo 334 bis del Código Penal contempla una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 9 mil 800 a 29 mil 400 pesos para quien incurra en este delito.

De acuerdo al artículo, estos castigos se aplicarán a quien divulgue, para su transmisión o publicación en algún medio de comunicación, datos sobre la identidad de involucrados, familiares, testigos o peritos o algún elemento que permita su identificación.

Adicionalmente la pena sería para quien presente, para su difusión, documentos de un proceso judicial relativo al delito contra la seguridad de la comunidad -que implica actividades relacionadas con el crimen organizado-, y delincuencia en pandilla.

También habría restricciones en la información de casos de homicidio calificado, secuestro, equiparable a secuestro o "levantón" y parricidio.

La pena se aplicaría al responsable de proporcionar la información, sea o no un funcionario público.

Aunque la redacción no lo precisa de manera clara, interpretaciones de abogados señalan que los periodistas que difundan estas informaciones también serían sancionados.

El martes, para evitar incurrir en el delito establecido en el artículo 334 bis, funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado decidieron no presentar ante los medios de comunicación a la homicida en serie denominada "La Mataviejitos", Karla Miroslava Barrera Mendoza.

La mujer fue consignada ante el juez por homicidio calificado, previsto en la redacción del artículo 334 bis, y aunque su caso e identidad fueron ampliamente difundidos antes de la entrada en vigor de la reforma, optaron por no presentarla a los medios.

Con las nuevas disposiciones, las autoridades evitarían revelar los nombres o datos personales de acusados, detenidos y víctimas de casos de delincuencia organizada, como ejecuciones y "levantones".

Incluso, las autoridades podrían negarse a proporcionar información de otro tipo de hechos, ante la posibilidad de que en la investigación posterior se determine que se trata no de un simple accidente, sino de un caso de delincuencia organizada u homicidio calificado.

El Diputado local panista Gregorio Hurtado, integrante de la Comisión de Justicia, órgano que revisó la iniciativa que...

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