Jesús Silva-Herzog Márquez / La ley y la certeza
| Autor | Jesús Silva-Herzog Márquez |
El propósito esencial de la ley es la certidumbre. La claridad jurídica que nos permite saber a qué atenernos no basta, por supuesto. A la ley le pedimos que sirva al interés general; que aliente lo benéfico y castigue lo perjudicial; que tenga conductos eficaces de aplicación; que sea algo más que la declaración de un ideal.
Pero el deber primero de la ley es definir con claridad el mapa de los derechos y los deberes. Si la ley no es una señal que muestra los caminos abiertos y las zonas vedadas no sirve de nada.
Muchas críticas ha recibido la ley electoral vigente. Creo que muchas son merecidas, pero ninguna tan grave como fallar a su propósito elemental: definir con claridad las reglas del juego.
La ley electoral defiende el paternalismo deliberativo, pretende someter los tiempos de la política a un absurdo calendario artificial, sobrecarga a la autoridad de funciones, simula ahorros que no son, infla la Constitución con normas que corresponden a normas secundarias. Pero el problema más grave de la ley reformada es que, lejos de ofrecer una guía clara de lo permitido y lo prohibido, coloca a todos los actores en la incertidumbre.
No son claros los límites de los partidos, los candidatos desconocen qué está permitido y qué se les prohíbe. ¿Qué podemos hacer?, preguntan candidatos y medios. Si esas preguntas se expresan es porque la ley no ofrece una respuesta nítida. Nadie sabe tampoco cuál es la consecuencia de una posible infracción. ¿Qué pueden hacer hoy los candidatos, durante este limbo absurdo que ha abierto la ley antes del banderazo oficial de la campaña? ¿Cuáles son jurídicamente las restricciones a las que deben sujetarse partidos y candidatos? ¿Qué sucede si transgreden la ley (de acuerdo a la interpretación de administradores y jueces del proceso electoral)?
La sobrerregulación, la imprecisión de la norma, los caprichos interpretativos de las autoridades colocan a los partidos en una extrema vulnerabilidad. Es cierto: los partidos crearon y reformaron la ley. Ahora son víctimas de ella. Ningún partido puede estar seguro con estas reglas.
Por su parte, los electores están expuestos a una intensa campaña de simulación. Desde antes que el proceso empezara formalmente, observábamos el simulacro. La ley llama al ocultamiento de las ambiciones; la convocatoria a la adhesión se ve forzada a la oblicuidad.
Así, una ley trazada con la pretensión de mejorar la calidad del debate público nos ha entregado premios al disimulo, la...
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