Jesús Silva-Herzog Márquez / Amenazas de la agonizante

AutorJesús Silva-Herzog Márquez

La Procuraduría se ha convertido en un bulto de la administración federal. A poco más de un año del relevo en la Presidencia, el Gobierno deja esta institución crucial para la vigencia de la ley en el abandono.

Han renunciado a su cargo tres Procuradores y no hay ningún interés en llenar la vacante. Se nos anuncia que habremos de esperar hasta que llegue un peor momento.

Tomarse el tiempo para que los electores decidan y conozcamos el nombre del nuevo Presidente equivale a someter el nombramiento a una nueva conformación política. Si la autonomía se tomara en serio, la incertidumbre sería el mejor estímulo para llenar la silla vacía.

Estamos hoy bajo un propicio velo de ignorancia. Los partidos no saben si ganarán o perderán. No saben si tendrán la Presidencia o estarán en minoría. No saben si su peor enemigo ocupará la Presidencia o si será uno de los suyos.

Esa oscuridad debería ser considerada precisamente como la condición más propicia para convocar al funcionario competente y confiable que dé seguridad a todas las fuerzas políticas. Necesitamos un Fiscal que imprima a la primera Fiscalía la dignidad de la distancia. Esperar a la elección es apostar a sellarla, otra vez, con la política del día.

La Procuraduría es una institución en ruinas. No tiene titular y el que ocupa sus funciones lo hace de manera precaria, sin el respaldo político indispensable para cumplir su función.

Oficinas fundamentales como la Fiscalía Anticorrupción están vacantes y no se advierte intención de ocuparlas. Arrastra un estatuto constitucional obsoleto, mientras el Congreso ignora las propuestas de reforma que se han planteado desde distintos órganos de la sociedad civil.

Una institución clave de la vida de la República está a la deriva. Lo han reconocido, con esas u otras palabras, sus titulares. Han dirigido una institución que no puede avanzar, pero tampoco puede apearse para emprender su reforma. Pocas instituciones con tantos desafíos, ninguna con tan poca capacidad para afrontarlos.

De la Procuraduría depende la persecución de los delincuentes, la recuperación del orden, la vigencia de la ley. Nada menos. Al cumplir ya más de una década nuestra barbarie, la existencia de una Fiscalía competente, con poderes sólidos y autonomía firme es urgente. En la medida en que subsistan las bases institucionales de su subordinación y precariedad; en la medida en que se prolongue su fragilidad política, seguiremos librando una...

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