Isabel Sepúlveda / Diferencias abismales
| Autor | Isabel Sepúlveda |
El Presidente López Obrador dio inicio esta semana a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, después de ser revocada la última de las suspensiones definitivas que el colectivo #NoMásDerroches obtuvo en contra.
A pesar de que esta organización solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer los recursos interpuestos, la oficina de la Presidencia del Alto Tribunal no les ha dado trámite.
Es inexplicable cómo comenzarán las obras si subsisten importantes restricciones legales: las leyes indican que la Secretaría de la Defensa, encargada de la construcción, no puede edificarla si habrá operaciones civiles; también piden un análisis costo-beneficio que hasta hoy no existe, y no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo, ni con un Plan Maestro.
Tampoco la empresa NavBlue SAS (propiedad del Ing. José María Riobóo, contratista favorito del Presidente y esposo de la ministra Yasmín Esquivel, nombrada por el mandatario) ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía contratados por el gobierno federal; no hay información sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Semarnat para mitigar el impacto ambiental, ni estudios de impacto arqueológico ni social, ni se ha realizado la consulta a las comunidades y pueblos originarios de la zona.
La información ha sido reservada porque la Sedena pidió considerarla como asunto de seguridad nacional. Sin embargo, al tener una función civil, todo lo relacionado con ese aeropuerto debe transparentarse.
La diferencia es abismal para los micro y pequeños empresarios que representan más del 90 por ciento del empresariado mexicano: a uno se le ocurre abrir su negocio sin contar con los permisos requeridos. Al día siguiente llegan los inspectores y clausuran el changarro, a pesar de que el empresario argumenta que su producto es muy bueno, que va a beneficiar a la comunidad y, sobre todo, que necesita trabajar para mantener a su familia.
Sin permisos y estudios correspondientes no puede abrir su negocio, le dice la autoridad, y si lo abre, lo volvemos a clausurar y le imponemos multas más altas.
El lunes a primera hora está formado en las ventanillas correspondientes del ayuntamiento y de las múltiples dependencias estatales y federales que deben autorizar y cobrar derechos para que su empresa pueda comenzar a operar. Esto lleva meses o años, según lo avanzado de las Leyes de Mejora Regulatoria de cada estado y municipio.
Por fin, el feliz empresario...
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