Isabel Sepúlveda / Contradicción vs. congruencia
| Autor | Isabel Sepúlveda |
Decir una cosa y hacer la otra. Cuando una persona contradice continuamente con sus acciones aquello que afirma, crea confusión en quienes le rodean. La situación se agrava si se trata de una figura de autoridad, con gran poder y dinero: un Presidente, por ejemplo, con mayoría en el Congreso y grandes influencias en la Corte, que le permiten ampliar su poderío, a pesar de tener un discurso opuesto a lo que en realidad ejecuta.
En la relación gobernantes-ciudadanos, la dicotomía entre decir y hacer se refleja en una creciente división social, por la incertidumbre que genera un discurso opuesto a lo que en realidad se ejecuta: por una parte están quienes creen, por ignorancia o conveniencia, que es realidad lo que sólo existe en las palabras del líder, y en otra quienes ven la contradicción y actúan para exigir, con datos y evidencias, congruencia.
Esta semana se han dado a conocer dos investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con ejemplos concretos para sustentar las profundas contradicciones del Gobierno federal entre el decir y el hacer.
La primera, publicada por Grupo REFORMA el miércoles, describe el absurdo que hay en la iniciativa presidencial de desaparecer 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, medio ambiente y protección de derechos humanos por supuesta corrupción, a pesar de que su importancia y necesidad social están comprobados, mientras que los recursos de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional se han incrementado en mil 48 por ciento: en el sexenio de Enrique Peña Nieto promediaron 5 mil 574 millones de pesos, en 2020 han subido hasta los 31 mil 980 millones.
La segunda investigación demuestra que, a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del Gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia y control: en 2019 diversas empresas identificadas por el SAT como fantasmas continúan recibiendo contratos públicos.
Las compras de Gobierno son los espacios donde más existe la corrupción e impunidad. Las adjudicaciones directas de contratos deben ser la excepción y el Gobierno actual se comprometió a prohibirlas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
La realidad es que las cifras actuales están en el punto más alto de toda la década con más de 79.3 por ciento de adjudicaciones directas, en vez de hacerlo como indica la Constitución, por medio de licitaciones públicas que faciliten la transparencia y...
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