Gabriela De la Paz / Militarización innecesaria

AutorGabriela De la Paz

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y para ello lo facultan leyes e instituciones, además de proporcionarle los instrumentos precisos en la defensa de amenazas internas y externas.

Pero en todo el marco que regula el desempeño de las Fuerzas Armadas falta un elemento vital que puede dotarles de una mayor seguridad en sus acciones y contribuye a cuidar de una manera más eficaz a aquellos que desea proteger: los derechos humanos.

Es especialmente preocupante que en Nuevo León el interés por el combate a la criminalidad esté enfocado en una militarización de las instituciones policiacas y se llenen las calles de soldados, y no en medidas de prevención del delito, de programas eficientes para la rehabilitación de presos y, lo más urgente, de un marco regulatorio de las acciones de los militares.

En todo el País abundan casos de personas que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que acabaron siendo, más allá de "daños colaterales" en la guerra contra las drogas, víctimas de las Fuerzas Armadas.

Los casos de Jorge Otilio Cantú Cantú, Gustavo Acosta Luján, Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría han sido documentados por diversos medios de comunicación y asociaciones civiles como ejemplos de los abusos cometidos por los militares en esta guerra.

Sin olvidar, por supuesto, a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, que fueron golpeados y asesinados por el Ejército, además de que les sembraron armas y les robaron sus credenciales del Tec para hacerlos pasar como delincuentes.

El Ejército podría haber reconocido que fueron un "daño colateral" de esta guerra innecesaria, pero enturbió su labor al asesinarlos y obstruir la justicia, ya que hasta la fecha se ha negado a cooperar con las familias, a devolver sus identidades, a restaurar sus nombres y a castigar a quienes alteraron la escena del crimen y han ocasionado un daño irreparable a sus padres y a la sociedad regiomontana.

La opción de "mano dura" es una de corto plazo, rebosante de autoritarismo y machismo, preferida por quienes desean triunfos inmediatos que beneficien sus carreras profesionales.

Desgraciadamente, la obsesión por indicadores de éxito en este sentido no se traduce en sociedades en paz, sino en números ficticios, como ya ocurrió en Colombia con los falsos positivos del Ejército, que eran campesinos inocentes que los militares hacían...

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