Fricasé/ Funcionario rico
| Autor | El Abogado del Pueblo |
Casi pasa inadvertido, estimados lectores, pero les adelantamos que es algo potencialmente peligroso: la iniciativa del Gobernador del Estado de crear una Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otras cosas, evalúe los puestos públicos y les fije un sueldo de acuerdo a mediciones técnicas.
En teoría suena muy fregón, pues es una respuesta al fallo reciente de la Suprema Corte en la que se sentó jurisprudencia para que cada municipio fije los sueldos y percepciones de su burocracia.
Mas, en la práctica y mal aplicada, esta iniciativa puede apoyar la labor de los despachadores con gran cuchara de los dineros públicos que se autodesignan percepciones de magnate, lo cual puede significar la ruina del pueblo.
Una de nuestras continuas discusiones con los panaderos hechos políticos, casi todos ellos provenientes del sector privado, es que el servicio público en México no puede remunerarse como si fuera equivalente a los puestos ejecutivos de las empresas privadas.
No puede concebirse en un país pobre lleno de carencias -como lo es México, y por extensión Nuevo León y sus municipios-, una casta de servidores públicos con sueldos y prestaciones equivalentes al del sector privado, consumiendo los recursos públicos no en inversiones ni en la creación de infraestructura, sino en el pago de megasueldos.
En este mismo instante, usted, estimado lector, con los impuestos que paga con tanto esfuerzo, está manteniendo una élite de inútiles llamados "regidores", quienes, por asistir a una junta mensual de Cabildo a dar su "sí" o "no", reciben en algunos casos (San Nicolás) ¡hasta cien mil pesos mensuales!
Con la reciente decisión de la Suprema Corte, cada municipio queda ahora en libertad de fijar los suelos que quiera.
Con la ley que promueve el Gobernador Elizondo, si no se cuida su aplicación, los Alcaldes pueden apoyarse en ella para disparar más las prestaciones que perciben los funcionarios municipales, Y NO PARA REDUCIRLAS como se pretende.
Ello, porque no existe ningún criterio "científico" -que es el que aspira aplicar esta Ley- que sirva para REDUCIR los sueldos del servicio público, cuando éstos los determinan los mismos beneficiados potenciales.
Pensamos, muy a contracorriente, que el servidor público de alto nivel debería prestar sus servicios como una verdadera aportación cívica: en forma gratuita, aunque ello requiera una modificación constitucional.
Pretender que los sueldos de los altos servidores sean muy remunerativos se basa en la...
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