Felipe Díaz Garza / Los tiranos surrealistas
| Autor | Felipe Díaz Garza |
En principio me parece tiránica la decisión del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública, o sea el Gobierno del Estado, que prohíbe polarizar los cristales de los automóviles. Mas coincido en que el entintado antisolar impide a las autoridades ver a los ocupantes de los vehículos durante patrullajes y filtros de revisión.
Por eso, aunque atente contra la libertad de los ciudadanos, estoy convencido de que la prohibición del protector solar en los autos es conveniente y necesaria, siempre y cuando la prohibición sea draconiana y de efectos coercitivos inmediatos.
Pero me parece totalmente inútil cancelar mi derecho a ponerle a mi carro lo que me dé la gana, que para ello me habilita la Constitución, si la autoridad no va realmente a declarar la guerra a la polarización sino a arrancar dos campañas financieras, una pública y otra privada.
Si la polarización está prohibida para garantizar la seguridad pública y combatir eficientemente a la delincuencia, la violación de esa prohibición no debe ser castigada con una multa, cuyos montos ya se estudian en los ayuntamientos metropolitanos del área de Monterrey, habiéndose mencionado ya, en el municipio regio, la cifra de ocho mil pesos.
Si el entintado queda prohibido con un propósito tan noble, aunque antidemocrático, como combatir a los bandidos y acabar con las matazones, la cacería debe ser a muerte, del entintado, claro. Los vehículos y sus propietarios y ocupantes que violen la inteligente y tiránica medida del Consejo de Seguridad Pública (o sea el Gobierno del Estado) deben ser tiránicamente tratados.
Los carros capturados deben ser llevados de inmediato al campo de exterminio de entintados más cercano, donde el protector solar sea eliminado junto con los cristales, si es necesario, naturalmente con cargo al bolsillo del infractor. A este último deben aplicarse las penas corporales que correspondan al delito, siempre las más graves, dada la gravedad de la infracción.
El costo político puede ser elevadísimo en la antevíspera electoral, pero el Gobierno tiene que pagarlo si verdaderamente quiere combatir a los bandidos, no convertirse en otra banda de asaltantes oficiales aplicadores de multas locas en beneficio de la res pública.
La otra campaña financiera, la privada, será la de la corrupción. La operarán ciudadanos laxos y autoridades laxas. Me refiero a la "mordida" feroz que la prohibición desatará entre conductores, agentes de tránsito y policías. Los últimos dejarán ir a los...
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