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Felipe Díaz Garza / Razón de Estado

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Vincent
AutorFelipe Díaz Garza

Estoy completamente de acuerdo con que los funcionarios públicos omisos en sus obligaciones o corruptos en el sentido estricto sean castigados oportunamente, pues la inoportunidad suele revirar los procedimientos punitivos, incluso contra las víctimas o damnificados por las tropelías que se persigan y penalicen.

Este último hubiera sido el caso al castigar, a estas alturas, las presuntas irregularidades cometidas por el Gobernador Jaime Rodríguez y su Secretario de Gobierno Manuel González, cuando el primero estuvo con licencia para hacer campaña para Presidente en el proceso electoral federal del 2018 y el segundo fue su sustituto en la Gubernatura de Nuevo León.

Ambos han sido señalados formalmente por desvío de recursos públicos a la campaña electoral presidencial de Rodríguez Calderón. Todos sabemos que el proceso correspondiente ha sido conducido morosamente por la Legislatura local y retardado también por decisiones apelables, pero vigentes, de tribunales federales.

Con destinatarios o beneficiarios en otras elecciones, las del próximo año, han sobrado estimuladores, interesados o desinteresados, quién sabe, que han avivado el fuego en los últimos días para finiquitar el proceso, exigiendo el castigo inmediato para los dos supuestos infractores, por supuesto pidiendo la pena máxima, la destitución inmediata y la inhabilitación política de ambos funcionarios.

Ello, también todos lo sabemos, en medio de la peor crisis sanitaria, política, económica y social que ha vivido el País entero, Nuevo León incluido por delante, desde luego, en un siglo cuando menos. Me refiero, claro, a la pandemia del coronavirus, que nos azota sin piedad desde enero y que seguirá azotándonos quién sabe hasta cuándo.

Por eso es que, con todo y que estoy a favor de perseguir y castigar los delitos de cualquier tipo cometidos por funcionarios juramentados, estoy convencido de que aplicar en este momento draconianamente las leyes y las penalizaciones...

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