Felipe Díaz Garza / Que arresten a los peatones
| Autor | Felipe Díaz Garza |
Francamente me parece que es muy sospechosa la decisión del cabildo regiomontano que modificó sus reglamentos de Vialidad y de Policía y Buen Gobierno. Desde el 21 de octubre pasado, dichos reglamentos, promulgados por el Cabildo anterior para hacerlos coincidir con la Ley Estatal de Alcoholes, también de reciente promulgación, establecían que, además de una elevada multa, quienes fueran sorprendidos conduciendo alcoholizados tendrían que pasar al menos ocho horas de arresto administrativo.
Aunque la doble sanción fue tomada textualmente de la referida Ley Estatal de Alcoholes por el Ayuntamiento que presidieron los priistas Ricardo Canavati y Édgar Oláiz, el nuevo Cabildo, presidido por el panista Adalberto Madero, que entró en funciones el 1 de noviembre, consideró que era una medida anticonstitucional y que favorecía la corrupción "por el temor de los ciudadanos a ser arrestados".
Tras la reforma del 28 de febrero pasado, que entró en vigor el 14 de marzo, el arresto puede conmutarse con el pago de la multa, que va de 50 a 600 cuotas de salario mínimo, es decir, de 2 mil 450 a 29 mil 400 pesos. La disposición de multar y arrestar a los que conducen borrachos no es gratuita ni injustificada. Esencialmente tiene el mismo objetivo que la clasificación del antes llamado homicidio por imprudencia (atropellar y matar al manejar alcoholizado) como delito grave. Ese objetivo, a mi parecer fundamentalmente importante, es inhibir a los ciudadanos a conducir alcoholizados y reducir así el número de muertes causadas por choferes borrachos.
Ana Morcos, regidora panista que preside la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Cabildo regio, insistió en que la reforma se hizo porque sancionar con multa y arresto a un ciudadano que comete una falta administrativa es anticonstitucional y, dijo, "la única máxima jurídica que tenemos no es otra sino la Constitución".
El regidor priista Pedro Arredondo, quien está proponiendo modificar otra vez la modificación para dejar el texto reglamentario municipal como estaba, dijo entender la anticonstitucionalidad argumentada por el PAN para eliminar la doble sanción, pero dijo que es una máxima jurídica anteponer la justicia a la ley, cuando ambas se contraponen. Y vaya que hay justicia en proteger la vida humana en peligro de ser extinguida, aunque por una conveniente monería legaloide fuera anticonstitucional evitar al homicida la comisión de su acción criminal.
Pero hay más que considerar en esto. En una...
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